Con el propósito de optimizar la gestión estatal y reducir los gastos del Estado en empresas públicas, la Coalición Cívica (CC) ha presentado un proyecto que contempla la privatización de 25 empresas, cifra que supera la propuesta inicial de Javier Milei en la Ley Ómnibus.
Según explicó la CC en un comunicado difundido este sábado, el objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia, transparencia y gobierno corporativo de estas empresas, alineándolas con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.
“La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos”, señalaron desde el espacio liderado por Elisa Carrió. El proyecto incluye a empresas como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y Radio y Televisión Argentina, entre otras.
La CC enfatizó que lo crucial es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible, independientemente de si son empresas estatales o privadas. Además, destacaron que muchas de estas empresas estatales operan con déficits financieros significativos y dependen de subsidios considerables, que durante el año 2023 alcanzaron los $2,3 billones.
Según la información proporcionada por el espacio, ENARSA es la empresa que más subsidios recibe, seguida por AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. La propuesta de privatización de 25 empresas supera el planteo actual del oficialismo, que inicialmente propuso privatizar 11 de las 41 empresas estatales.
El proyecto, denominado “Ley de Administración y Buen Gobierno de Empresas Públicas” y firmado por destacados miembros de la CC como Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, entre otros, impulsa la creación de una Sociedad Administradora de Empresas del Estado, liderada por el jefe de Gabinete, para gestionar la transición de las empresas públicas a la esfera privada.
Asimismo, propone la venta de acciones en otras once empresas estatales para establecer sociedades mixtas sujetas a privatización, que estarían administradas por un holding específico.
