La Causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, está a punto de cerrar un capítulo judicial que se inició hace más de una década. El expediente, abierto en 2008, aguarda ahora un fallo definitivo de la Corte Suprema, tras el dictamen emitido por el procurador interino Eduardo Casal.
Casal respaldó la postura de los fiscales de primera y segunda instancia, proponiendo que se aplique la figura de asociación ilícita y que la condena a la expresidenta se eleve a doce años de prisión. Además, pidió revocar las absoluciones de otros imputados, como Julio De Vido, Héctor Jesús Garro y Abel Fatala. Sin embargo, este dictamen no es vinculante y la Corte debe decidir entre dos caminos principales.
Una alternativa es rechazar la queja presentada por el Ministerio Público, avalando la sentencia de Casación que ratificó la condena de seis años. En este caso, el recurso extraordinario quedaría sin lugar y el fallo se mantendría firme. La otra posibilidad es que la Corte abra la queja, examine el expediente y emita un fallo que podría aumentar las penas y anular la sentencia anterior, ordenando un nuevo pronunciamiento judicial.
Además, la Corte podría decidir abordar todas las quejas acumuladas, integrando el expediente con al menos otras diez presentaciones hechas por las defensas. Para que la sentencia quede definitiva, el tribunal debe rechazar todas estas quejas.
En paralelo, la expresidenta Cristina Kirchner recusó al ministro Ricardo Lorenzetti, acusándolo de parcialidad manifiesta. El juez, por su parte, pidió a sus colegas que desestimen esta recusación. La decisión sobre este punto aún no se ha discutido en la Corte, y no hay fechas establecidas para resolver si Lorenzetti seguirá participando en el caso o será reemplazado por un conjuez. Esta cuestión puede postergar la resolución final del proceso.
El contexto político también influye en la espera del fallo. Cristina Kirchner debe definir su candidatura antes del 19 de julio para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y hasta el 17 de agosto para los comicios nacionales de octubre. Según el artículo 69 de la Constitución Nacional, ningún legislador puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el final de su mandato, salvo que sea sorprendido in fraganti cometiendo un delito.
