En una jornada de audiencias en el Senado, 38 postulantes expusieron sus propuestas. También se evaluaron los aspirantes a Procurador Penitenciario. El dictamen final se conocería antes de fin de año.
El Congreso de la Nación avanzó este jueves con el proceso para designar al nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que permanece vacante desde hace 15 años. En una extensa audiencia pública realizada en el Salón Azul del Senado, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo escuchó las exposiciones de los 38 candidatos preseleccionados y de los siete aspirantes a Procurador Penitenciario de la Nación.
Entre los postulantes al cargo de Defensor del Pueblo se encuentran figuras con trayectoria en derechos humanos y gestión pública. Destacan los nombres de Luis Arias, Julián Axat, Fabián Salvioli, Walter Martello y Guillermo Torremare, además del ex defensor porteño Alejandro Amor y la ex titular del INADI María José Lubertino.
También participaron tres diputados nacionales que finalizarán su mandato el 10 de diciembre: Natalia Sarapura (UCR), Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre). Todos presentaron propuestas centradas en la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y las políticas sociales.
Durante la mañana, expusieron los candidatos a Procurador Penitenciario, entre ellos Daniel Bodega, Ariel Cejas Meliare, Romina Cucchi y el propio Carbajal. Las audiencias públicas permitieron a los legisladores evaluar antecedentes y proyectos antes de la elaboración del dictamen final.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, la comisión planea emitir su recomendación antes de fin de año, con el objetivo de que ambas cámaras voten la designación en las próximas semanas. La elección requiere del apoyo de dos tercios de los legisladores.
El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación —institución clave para la defensa de los derechos ciudadanos y el control del funcionamiento estatal— permanece vacante desde 2009. Su ausencia prolongada ha sido motivo de reclamos por parte de organismos de derechos humanos y asociaciones civiles.
En el contexto político actual, el gobierno de Javier Milei sigue de cerca el proceso, que podría significar la primera designación en más de una década y un paso relevante en la recomposición institucional del Congreso.
