La justicia avanza en la investigación para determinar quiénes son los financistas de Revolución Federal y sus nexos con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner
La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció a la firma «Chaqueña Bajada S.A.», del Grupo Caputo, por »simulación» y »actividad ilícita» en sus operaciones comerciales, junto a otras dos firmas irregulares que ya están siendo investigadas por la justicia en el contexto de la causa que se sigue por la financiación que tuvo el grupo Revolución Federal.
Según la investigación de la IGJ, «Chaqueña Bajada», presuntamente dedicada a la actividad agropecuaria, tiene solo dos accionistas y se constituyó con un capital de 12 mil pesos que nunca fue aumentado.
Sus únicos socios y autoridades, Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara, presentaron libros societarios que para el organismo de control son formalmente «inadmisibles» por las omisiones y falta de información.
Méndez Ezcurra es cuñado del ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis María Caputo, quien enfrenta una investigación judicial por la transferencias de dinero por la compra de muebles a Jonathan Morel, líder de «Revolución Federal» que se encuentra procesado por amenazas y actos de intimidación pública junto a otros tres integrantes de esa agrupación.
La mecánica de simulación de actividades comerciales de «Chaqueña Bajada», remite al mismo criterio que «Sache Rupaska S.A.” y «Caputo Hermanos S.A.», otras de las empresas de la familia Caputo que investigó y denunció por irregularidades la IGJ.
Jonathan Morel
La resolución de la IGJ refiere que se realizó una inspección formal en la sede de «Chaqueña Bajada», en San Martín 793, pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, y que allí sólo había una persona que se negó a identificarse pero dijo que no tenía relación con la sociedad, aseguró que los libros contables y sociales «no se encontraban en el lugar».
Por todo ello, la IGJ solicitó ayer, bajo la resolución 1498 firmada por el director del organismo Ricardo Nissen, la «acción judicial» por simulación y actividad ilícita y una multa de 100 mil pesos por cada uno de los estados contables no presentados, o presentados a destiempo.
Todo ello bajo la evidencia que se efectuó una «registración falsa y una titularidad inmobiliaria ficticia».
Además de Morel, están imputados en esta investigación a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, los integrantes de Revolución Federal, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.
«Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho», concluyó el magistrado al dictar, a principios de noviembre, los procesamientos de los integrantes de Revolución Federal.
