La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado una audiencia para el próximo 11 de julio para abordar la situación de la protesta social y la libertad de expresión en Argentina. Esta convocatoria surge en respuesta a una solicitud presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la CONADU, y otras organizaciones de derechos humanos y gremiales.
La audiencia se realizará de forma virtual y tiene como objetivo analizar la creciente situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión en el país. Entre los temas a tratar se encuentra el uso de gases lacrimógenos por parte de la Prefectura Naval durante una reciente manifestación en la que resultaron afectados diputados de Unión por la Patria (UxP).
Desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado en el que se felicitó a las fuerzas de seguridad federales a cargo de Patricia Bullrich por su actuación durante la manifestación, calificando a los manifestantes como terroristas. A pesar de las diferencias internas en el manejo del aparato de seguridad, la vicepresidenta Victoria Villarruel se unió a esta postura y actúa como querellante en la causa que se tramita en el juzgado de María Servini.
La represión del miércoles pasado dejó 33 personas detenidas, y la ministra Bullrich informó que el despliegue policial había costado más de 130 millones de pesos. Esta situación ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, quienes sostienen que las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei han transformado la protesta social en un delito, contraviniendo principios constitucionales y derechos fundamentales.
Por otro lado, diputados de UxP preparan una denuncia penal contra la ministra Bullrich por el uso de gases lacrimógenos durante la manifestación, en la que también fueron afectados trabajadores de prensa y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Según declaraciones de los diputados, la represión fue desproporcionada y constituyó un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de manifestación pacífica. Se espera que esta denuncia se presente el martes próximo en los tribunales de Comodoro Py.
