La diputada Silvana Carrizo expresó su preocupación ante el escenario que enfrenta la Provincia, donde las instituciones están atravesadas por “la agenda de demolición institucional impuesta por el kirchnerismo catamarqueño”. Carrizo resalta los cuestionamientos al sistema judicial y de seguridad de la provincia, por la causa del asalto en Parque América.
“Primero fue la ampliación de la Corte de Justicia de Catamarca, luego la eliminación del Consejo de la Magistratura. Estas maniobras no fueron casuales; buscaban imponer discrecionalidad en la designación de jueces y fiscales. En nuestra provincia, hubo escándalos judiciales a partir de casos de coimas, que comprometían a miembros de los poderes ejecutivo y judicial de la provincia. El crimen de un Ministro que dejó al descubierto las fallas institucionales de la provincia. Un Ministerio Público que no da cuentas de lo que está haciendo para proteger los intereses generales de la sociedad. Un Ministerio de seguridad que no protege. Hoy, los resultados son claros: una provincia hundida en la percepción de impunidad”, afirmó la legisladora, recordando otros escándalos judiciales recientes.
El caso del Parque América tomó relevancia no solo por la gravedad del asalto, sino también por la identidad de los involucrados. Uno de los sospechosos resultó ser familiar directo de un intendente y de la actual ministra de Seguridad de la provincia.
“La decisión de absolver a los implicados en este violento episodio, bajo el pretexto de una conciliación o reparación integral, nos causa interrogantes, estos delincuentes fueron beneficiarios de la aplicación más eficiente y rápida del principio de legalidad” sentenció.
“Asumiendo nuestra responsabilidad como legisladores estamos avanzando desde la oposición en una modificación del Código Procesal Penal que consagra las reglas de disponibilidad de la acción penal, criterios de oportunidad y los casos excluidos”, expresó la legisladora.
“Más allá de la necesidad de que la Legislatura provincial dicte la ley procesal correspondiente, esto debería haber sido zanjado oportunamente con instrucciones generales del Fiscal General de la Provincia, por tratarse de política criminal, de modo tal que se adopten criterios uniformes a la hora de expedirse sobre la viabilidad o no de su aplicación en el caso concreto. En Catamarca siempre vamos sobre el hecho consumado, con la gravedad de que las vinculaciones con el poder político de los involucrados” reclamó la Diputada radical.
“El Ministerio Público debería rendir cuentas a la sociedad de su desempeño y de los resultados obtenidos en cuanto a la eficacia de la política criminal de la provincia. Sería bueno identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías penales reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad”. Es tiempo de que la sociedad catamarqueña le ponga freno a los abusos del poder, a la impunidad y la corrupción. El sistema institucional, está debilitado y el panorama es incierto y de desprotección para los catamarqueños, concluyó la legisladora radical.
