En medio del escándalo por $LIBRA, La Libertad Avanza, en alianza con el PRO y sectores del radicalismo, avanza este martes en Diputados con el objetivo de cerrar un dictamen que baje la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el propio presidente Javier Milei, intenta reordenar la agenda política con eje en la seguridad, en un intento de recuperar la iniciativa parlamentaria frente a una oposición cada vez más activa.
El proyecto, que se debatió durante más de un año, cobró impulso luego del asesinato de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada por adolescentes durante un robo en La Plata. Pese a las advertencias de organismos de derechos humanos y de la Iglesia Católica, el oficialismo busca dictaminar hoy en un plenario de comisiones y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes.
Existen unos 15 proyectos presentados sobre el régimen penal juvenil, pero casi todos confluyen en un punto: bajar la edad de punibilidad a 14 o incluso 13 años. Solo una propuesta de Unión por la Patria, firmada por la diputada y referenta cartonera Natalia Zaracho, se opone a esta lógica. Incluso el massista Ramiro Gutiérrez, en línea con la mirada histórica del Frente Renovador, propone también llevar el límite a los 14 años, lo que acentúa las diferencias internas dentro del peronismo.
La encargada de tejer los consensos es la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, que desde agosto de 2023 negocia con sectores del radicalismo, la Coalición Cívica y el espacio de Miguel Ángel Pichetto. El proceso incluyó ocho reuniones informativas y la exposición de decenas de especialistas, en el marco de un extenso plenario que reúne a las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto: más de 100 diputados sentados a debatir una ley que podría modificar profundamente el trato penal a menores de edad.
Qué contiene el dictamen negociado
El borrador de dictamen consensuado propone bajar la edad de punibilidad a 14 años. En un principio, La Libertad Avanza pretendía reducirla a 13, pero cedió ante sus socios para garantizar la firma del dictamen. La argumentación oficialista es alinear la legislación argentina con la mayoría de los países de América Latina, donde los pisos legales oscilan entre los 12 y los 14 años.
Así, el nuevo régimen abarcaría a todos los adolescentes de entre 14 y 18 años. Podrán ser privados de la libertad en institutos especializados o en “secciones apartadas” dentro de cárceles comunes, una cláusula que generó críticas entre organizaciones de derechos humanos. El dictamen aclara que no todos los menores serán encarcelados: se contemplan penas alternativas como trabajos comunitarios, restricciones de movilidad o uso de tobillera electrónica, pero sólo en delitos con penas menores a los 10 años.
Para delitos más graves, el régimen prevé la posibilidad de prisión efectiva, aunque no establece con claridad los criterios que definirán las condenas. El dictamen sugiere que se tenga en cuenta la edad y la gravedad del delito —especialmente si hay víctimas fatales—, pero no fija parámetros concretos, lo que podría derivar en dictámenes en minoría o disidencias parciales.
Se descarta la prisión perpetua y se establece un tope máximo de 15 años de pena. El oficialismo quería originalmente llevar ese máximo a 20 años, pero el radicalismo frenó esa pretensión.
Críticas y fracturas políticas
Desde el comienzo, el CELS, entre otros organismos, criticó con dureza la propuesta del Gobierno. Macarena Fernández Hoffman, del equipo de Política Criminal de esa organización, señaló a elDiarioAR: “La única consecuencia concreta que va a tener esta reforma es que vas a tener a más menores privados de su libertad”.
Según datos del CELS, menos del 0,2% de los delitos en Argentina son cometidos por menores, y en su mayoría no se trata de delitos graves sino de hurtos o intentos de robo. Para Fernández Hoffman, el nuevo régimen replica en buena parte el esquema penal adulto, con penas elevadas y prisión preventiva, lo que niega la especificidad que debería tener un sistema juvenil.
Además, la amplitud del régimen —que alcanza todo tipo de delitos— también fue objetada por Unión por la Patria, que intenta presentar hoy un dictamen alternativo. Sin embargo, el bloque peronista está dividido: el sector referenciado en Sergio Massa está dispuesto a acompañar la baja, lo que podría fracturar a UxP en una votación de fuerte peso simbólico.
Rodríguez Machado sostiene que las firmas para avanzar con el dictamen están aseguradas. Si es así, el asunto podría llegar más pronto que tarde al recinto de la Cámara baja, donde al parecer la voluntad mayoritaria es a favor de bajar la edad de punibilidad.
JJD
