
En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. En la red X, Cristina reposteó un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que califica el trato que recibe la exmandataria como un intento de instalar una “Dictadura de los Jueces”.
“Solamente con este Partido Judicial… en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.
En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.
La expresidenta entregará este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.
El posteo del diputado Moreau sigue esa misma línea. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, escribió.
“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el diputado de origen radical, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según él, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.
El diputado remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Y subrayó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.
Moreau también puso en cuestión el perjuicio que la medida tiene sobre terceros, como representantes del pueblo en el congreso –diputados y senadores– tal es su caso, que no podrán dialogar ni interactuar con la principal referente de su espacio político.
“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, destacó.
Y citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el que se establece el rol esencial de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia.
Según Moreau, los integrantes del Congreso tienen fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau.
Moreau argumenta, dando a entender, que hay una interferencia del poder judicial sobre el poder legislativo y que no se estaría cumpliendo con la independencia de los poderes del Estado. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.
El viernes, Cristina Kirchner hizo una presentación para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas. En el texto, asevera que un sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en sus derechos políticos. La expresidenta relacional al “Partido Judicial” con los intereses del poder económico concentrado en Argentina.