Diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron hoy un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Catamarca contra el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por discapacidad que han sido suspendidas de forma “ilegal, arbitraria e ilegítima” a cientos de beneficiarios en la provincia.
La acción judicial fue presentada por los diputados provinciales Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr. A la misma, adhieren Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta
El amparo solicita que se ordene la restitución de las pensiones y el reintegro de los montos no percibidos desde que se inició la medida. El recurso también exige la inmediata reactivación de los beneficios del programa de salud Incluir Salud, del que fueron privados los afectados.
El recurso de amparo se fundamenta en la vulneración de derechos fundamentales y en la inconstitucionalidad de la norma que, según los legisladores, se utiliza para justificar los recortes.
Los diputados sostienen que la suspensión de las pensiones se realizó sin una comunicación previa fehaciente, lo que dejó a los beneficiarios en una situación de total desprotección y abandono. La presentación denuncia que la ANDIS suspendió de manera intempestiva el pago, lo que los damnificados descubrieron al intentar cobrar sus haberes. La acción legal subraya que esta situación pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas con discapacidad, ya que la pensión en muchos casos es el único sustento para su subsistencia.
El amparo solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1, inciso (i) del Anexo I del Decreto 432/97 (modificado por el Decreto 843/24). Esta norma establece que no se debe poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes para la subsistencia como requisito para recibir la pensión. Los legisladores argumentan que este criterio es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
La presentación jurídica explica además que no se tienen en cuenta los gastos adicionales que deben afrontar las personas con discapacidad, como atención médica, equipamiento especializado y otras adaptaciones, lo que invisibiliza los costos reales de vivir con una discapacidad.
Por otra parte, el recurso de amparo detalla que la medida del Estado Nacional vulnera varios derechos humanos, incluyendo: Derecho a la protección social y a un nivel de vida adecuado: La suspensión de la pensión profundiza la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y las expone a la indigencia.
También el derecho a la salud, ya que al perder la pensión, los beneficiarios también perdieron el acceso a las prestaciones del programa Incluir Salud, lo que pone en riesgo sus tratamientos médicos y su vida.
El derecho a vivir de forma independiente también fue vulnerado ya que la falta de recursos económicos obliga a las personas con discapacidad a depender de terceros, lo que les impide ejercer su autonomía y control sobre su propia vida.
Finalmente, la presentación acusa al Estado Nacional de violar el principio de no regresividad reconocido en tratados internacionales, que impide que los gobiernos tomen medidas que reduzcan los niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
La presentación realizada con el patrocinio del abogado magister Carlos Hernán Vera, fue radicada hoy en la Justicia Federal.
