En un intento por despegarse de las denuncias que lo vinculan con el presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado, José Luis Espert reconoció haber cobrado US$ 200.000 pero dijo que fueron por una asesoría económica a Minas del Pueblo, en Guatemala. Sin embargo, esa empresa fue adjudicada para la justicia de Estados Unidos en la acusación contra Machado para pedir su extradicion y esá señalada como parte de su estructura delictiva, tal como informó elDiarioAR el 27 de julio pasado, en la primera de la serie de notas relacionadas al caso.
En febrero de 2021, un tribunal federal de Texas, Estados Unidos, ordenó el procesamiento y arresto de Machado y otras siete personas. La acusación incluyó tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México, lavado de dinero, fraude y otros delitos comerciales, con un beneficio ilegal aproximado de US$ 350 millones. La pena mínima para los delitos mencionados es de diez años y un máximo de prisión perpetua, según la publicación del Departamento de Justicia. Por esa causa, la socia de Machado, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en Texas a 16 años de prisión, en noviembre pasado.
Los registros de esa causa muestran que del fideicomiso a nombre de Machado y Mercer-Erwin es desde donde partieron los US$200.000 para Espert.
En su descarso, Espert dijo: “En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información”, explicó Espert. “A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato”.
Según la causa contra ambos determinó que los fondos defraudados a los presuntos compradores de aviones supuestamente terminaron en proyectos mineros en Guatemala. En el país centroamericano también enfrentó acusaciones parlamentarias y periodísticas de financiamiento ilegal a dos presidentes. Durante la experiencia guatemalteca de Machado, iniciada en 2015, agentes de Homeland Security de Estados Unidos lo visitaron varias veces. Las sospechas sobre narcotráfico lo orbitaban hacía años y cobraron vuelo.
Tras años de comerciar aviones con una empresa radicada en Florida, EE.UU., Machado se había dedicado desde 2015 a la minería y a la construcción en Guatemala. Allí cosechó relaciones con altas esferas políticas de ese país, además de acusaciones de ilícitos. Por caso,fue quien proveyó movilidad a Jimmy Morales, presidente de ese país entre 2016 y 2020, y, según medios de guatemaltecos, a su sucesor, Alejandro Giammattei (2020-2024).
En Guatemala, Machado centró su actividad en una explotación de oro en el municipio de San Miguel Tucurú donde se encuentra Minas del Pueblo, y en la empresa South Aviation, una de varias de su propiedad dedicadas a la comercialización de aviones y servicios de aviación. También se interesó por un proyecto de oro en Neuquén.
Machado, un rionegrino emigrado a Estados Unidos a principios de la década de 1990 que en un principio se buscó la vida y luego montó un lucrativo negocio con aviones en Fort Lauderdale, Florida, niega ser narcotraficante y se considera víctima de una pulseada política, que se vuelve cada vez más lesiva para él en la medida en que la figura de Espert gana centralidad. En declaraciones públicas a la filial de la cadena ABC en Dallas, admitió que desvió dinero de inversores que pretendían comprar aviones. Prometió que resarciría el perjuicio si recupera la libertad, lo que abona la idea de que algo está negociando para cambiar la naturaleza de la acusación en Texas.
En febrero de 2021, Machado fue citado a presentarse en Texas, seguramente para ser detenido. Viajó desde Guatemala a México y aterrizó en Buenos Aires para terminar detenido en Neuquén. Desde entonces está con prisión domiciliaria a la espera de que se defina un pedido de extradición.
Según consignó Lesley Brooks, fiscal del juicio contra Mercer-Erwin, sólo diez de las 190 transacciones registradas en la contabilidad clandestina atribuida a la mujer y Machado eran efectivamente compras de aviones, y el resto eran fraudes. Ése es el mismo registro en el que aparece la transferencia a Espert descubierta por el equipo de Juan Grabois. Si Machado no tuvo nada que ver con esa contabilidad, la pregunta que surge es por qué una empresaria sin aparente vínculo con Argentina como Mercer-Erwin habría anotado una transferencia de US$200.000 a Espert.
