El mismo miércoles en que en Mar del Plata comenzaba el 61° coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, redobló su esfuerzo por contener la agitación del mercado financiero argentino al anunciar que se duplicará el financiamiento al país hasta US$40.000 millones. Pero durante las horas previas al anuncio del mediodía algunos inversores comenzaron a comprar el título de deuda GD35: su precio se alzó a US$57.50, hasta que la noticia lo disparó a 59,50 dólares. Apenas tocó ese valor se derrumbó de inmediato a 59 y hacia la tarde volvió a 57,75. Así lo muestra un gráfico elocuente.
“Alguien tenía las órdenes de venta puestas para salir con el anuncio de Bessent”, comenta una fuente del mercado bursátil. “La suba vertical del mediodía fue por los US$40.000 millones. Toda variación de ese tipo pricea (valora) una sorpresa, una información no anticipada. Pero en US$59,50 hay una orden de venta. Hay tenedores que usaron los anuncios de Bessent para descargar sus posiciones (deshacerse de los títulos)”, agrega. Si se confirma que recibieron información privilegiada, es un caso que podría ser investigado por la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, según sus siglas en inglés), donde se emitieron estos bonos argentinos.
El Partido Demócrata norteamericano emitió este jueves un nuevo comunicado contra el rescate del gobierno del republicano Donald Trump a su principal aliado en Latinoamérica, Javier Milei. “Primero, Trump y Bessent rescataron la economía argentina con US$20.000 millones. Luego, un informe impactante reveló que el rescate de Trump y Bessent beneficiará al veterano gestor de fondos Rob Citrone, aliado de Trump y Bessent. Ahora, Trump y Bessent conspiran para asegurar otros US$20.000 millones para Argentina, desprestigiando a las familias y agricultores estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes”, advirtió la oposición norteamericana, que pretende investigar a Citrone.
En noviembre pasado, tras la victoria electoral de Trump, Milei participó de una reunión en EE.UU. con este inversor y el asesor del actual presidente norteamericano Barry Bennet. En abril, el líder libertario recibió a Citrone en la Casa Rosada. Bennet es el mismo que viene tejiendo lazos con el asesor presidencial Santiago Caputo gracias al lobby de su consejero Leonardo Scatturice.
No sólo algunos inversores con supuesta información privilegiada reaccionaron al enésimo anuncio de salvataje al gobierno de Milei con la venta de activos financieros argentinos. En el mercado cambiario criollo, mientras el Tesoro de EE.UU. seguía comprando pesos y vendiendo dólares, los inversores locales se deshacían de los primeros y se abalanzaban por los segundos. Están verdes. Dólar, una pasión argentina.
En el coloquio de IDEA, los grandes empresarios reunidos lo atribuían, por un lado, a la habitual cobertura que buscan para resguardarse ante cualquier elección en la Argentina, que siempre se plantea como de vida o muerte, y, por otro, porque la mayoría de ellos descuenta que no es sostenible un dólar a $1.450. Son los mismos que piensan que se requerirá un reseteo del plan económico de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y una inédita actitud dialoguista del presidente libertario con al menos parte de la oposición.
Uno de los expositores reconocía en el hall del hotel Sheraton, sede del encuentro, lo que nadie quería admitir allí, pero que todos se resignaban a aceptar: que las reformas de flexibilización laboral y rebaja tributaria por las que hicieron lobby estos tres días difícilmente se concreten. Concluye así dada la previsión del resultado electoral del próximo 26. Entonces, decía el expositor por lo bajo, iba a tener que conformarse con recuperar competitividad a fuerza de devaluación del peso y contención de la inflación por una economía estancada que no convalida remarcaciones.
El menor o mayor salto del 27 de octubre dependerá de cómo les vaya a La Libertad Avanza (LLA) y al peronismo, respectivamente. Una duda es cómo se leerá el veredicto de las urnas. Algunos empresarios esperan que al menos Provincias Unidas logre armar un bloque de 30 a 35 diputados que se convierta en un árbitro entre LLA y el PJ.
A Mar del Plata llevaron los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, para exponer ante los empresarios la intención de su tercera posición a favor de disminuir tributos -eso sí, los nacionales, nada hablaron de los provinciales y las tasas municipales- y de relajar la legislación laboral. Los empresarios se quejan del impuesto provincial a los ingresos brutos, recuerdan que las importaciones no lo pagan, y ahora también arremeten contra sus competidores evasores en tiempos en que Milei elogia a los que incumplen con las obligaciones tributarias. Consideran que además habrá que convencer a algunos mandatarios peronistas para lograr reformas. Nadie aclara qué gastos públicos deberán compensar la baja impositiva: ¿educación, salud o seguridad, que suelen ser los principales ítems de los presupuestos provinciales?
Sólo con un peso más depreciado prevén afrontar la competencia de bienes y servicios del exterior ante un proceso de apertura económica que el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, prometió profundizar en un almuerzo cerrado que mantuvo este jueves con empresarios en Mar del Plata. De nada sirvió que sus interlocutores le expresaran su preocupación de tener que rivalizar con la importación en un contexto de volatilidad macroeconómica, con elevadas tasas de interés que hunden la actividad y rompen la cadena de pagos, y aumento de la informalidad de las pymes -supermercados chinos recuperan mercado frente a los grandes a base de precios rebajados sin impuestos- y del contrabando. La Aduana, que controla Santiago Caputo con funcionarios de dudosa reputación, se ha transformado en un colador en el que se redobla la obstinación de los inspectores por mejorar sus licuados ingresos, según relatan quienes frecuentan el negocio importador. Hasta ahí se extiende incluso la influencia de Scatturice.
“Con Milei aprendí que no soy tan liberal”, reconocía el dueño de una gran empresa y expositor del coloquio en la intimidad. “No creo en el liberalismo extremo sino en uno que regule y administre”, agrega quien valora, como sus colegas, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, aunque se espantó desde el intento de designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema hasta el escándalo del diputado José Luis Espert. Desilusionados de la promesa anticasta de Milei.
“Vienen buenas noticias para vos”, le aclaró Lavigne a Martín Beraldi, presidente de Ternium Argentina, la fabricante de aceros planos para la construcción y la industria metalmecánica y automotriz del grupo Techint. Se refirió así al pacto que negocian con supuesto sigilo con el gobierno de Trump para eliminar los aranceles de EE.UU. a los minerales, el petróleo, el acero y el aluminio de la Argentina. A cambio, Washigton pide, como siempre, respeto a sus patentes. No se descarta un acuerdo como el que tiene con Brasil, en el que se protegió la propiedad intelectual de las multinacionales de semillas, pero no la de las farmacéuticas, de modo de resguardar el acceso a medicamentos genéricos.
El ministro de Salud, Mario Lugones, es uno de los defensores de los laboratorios nacionales, frente al afán liberalizador de su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, otro orador del coloquio. Es el mismo Lugones que favoreció a las obras sociales y las prepagas pasando un pelotón de remedios de bajo receta a venta libre, sin cobertura del seguro médico.
En el mismo almuerzo expuso el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. El funcionario reconoció que quisiera ir más rápido con sus múltiples planes reformistas, pero se enfrenta con el problema de que cuenta con un equipo técnico acotado y en parte heredado de la administración pública anterior, poco comprometido con el giro libertario. Las generadoras eléctricas reclaman la liberalización de precios mayoristas, las mineras presionan para acotar la ley de protección de glaciares y las petroleras quieren flexibilizar aún más a los empleados en Vaca Muerta para bajar costos. No bastó con los cambios del convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Neuquén en el gobierno de Mauricio Macri.
No obstante, aquella modificación de convenios laborales es puesta como ejemplo por hombres y mujeres de negocios de otros sectores que se quejan de que se manejan con reglas fijadas en la década del 70, cuando el trabajo funcionaba distinto que después de décadas de cambios vertiginosos. En este coloquio citan otros casos. El reciente de la pesca y otro del final del gobierno de Alberto Fernández: entonces los camioneros de Hugo Moyano, ante el riesgo del avance del gremio de carga y descarga creado por Mercado Libre, acordaron con las empresas de logística -como Andreani, OCA o DHL- que los choferes puedan trabajar sábado, domingo y dos días más de la semana por el mismo sueldo que los que lo hacen de lunes a viernes.
Otra de las propuestas empresarias es bajar las contribuciones patronales a la jubilación y las obras sociales o prepagas, según a quien aporte el empleado. Se supone que la menor recaudación de la Seguridad Social se compensaría con el blanqueo de trabajadores y el menor gasto público que eso implicaría en términos de moratorias previsionales y atención de pacientes sin cobertura en hospitales públicos. Una opción sería que las firmas paguen las cargas sociales con créditos a favor del IVA que acumulen, de modo de incentivar la facturación en blanco.
También está la idea de crear un banco de horas. Por ejemplo, si una empresa no requiere que un día su personal trabaje puede compensar ese tiempo en ocho horas extra en otra jornada al mes siguiente.
Además, los empresarios ya protestan contra la reforma laboral incluida en la ley Bases porque, si bien eliminó las multas por trabajo no registrado, numerosos jueces fallaron desde entonces que los empleados sometidos a esas condiciones sin derechos tenían como contrapartida la posibilidad de pedir un resarcimiento por daños y perjuicios. Hecha la ley, hecho el resquicio legal para seguir protegiendo a los trabajadores en la informalidad.
Entre los empresarios del coloquio juran que no saben si estas iniciativas estarán incluidas en el proyecto de reforma laboral que prepara el secretario de Trabajo, Julio Cordero, otro asistente al evento. A su vez, Cordero les rogó a los ejecutivos y sindicalistas que integran el Consejo de Mayo que oculten el borrador de la ley. De todos modos, en la cita marplatense hasta los más fervientes promotores de ese proyecto admitían que sin el apoyo del peronismo, donde abreva el gremialismo, será difícil que se consolide a largo plazo una renovación de la ley de contratos de trabajo.
Hay expertos que sostienen que una flexibilización laboral en tiempos de crecimiento puede facilitar la contratación, pero en uno de crisis como el actual puede ayudar a los despidos. En lo que va del año las compañías han reaccionado a la nueva recesión -hay fábricas de alimentos que están operando al 30% de su capacidad- con ajustes de personal, pero más de uno de los ejecutivos de IDEA no descartan que se recrudezcan si el resultado electoral deriva en una mayor caída económica.
Una devaluación siempre trae aparejada una primera baja de la actividad y sólo después puede impulsar la recuperación de la producción de bienes y servicios, desde el campo, la industria, los hidrocarburos, el turismo o la informática, sobre la base de menores costos en dólares. Por eso, algunos dueños de empresas la esperan. En cambio, sus ejecutivos le temen porque una depreciación del peso a fin de año arruinaría el cierre de sus balances en moneda dura y pondría en riesgo el cobro de sus bonus anuales. Preocupaciones de los pasillos del Sheraton marplatense.
AR/MC
