Tras los terribles actos de violencia cometidos contra la abogada Silvia Barrientos el viernes, desde la Comisión de Género del Colegio de Abogadas y Abogados repudiaron la violencia vivida por la profesional, mientras intentaba defender a una clienta.
“Los y las profesionales de la abogacía somos garantes del acceso efectivo a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente. Esa garantía de ningún modo puede ser afectada mediante agravios, violencia o actos que degraden de manera directa o indirecta la dignidad del abogado y abogada, intenten controlar sus acciones, humillen, deshonren, desacrediten, exijan obediencia o sumisión, impliquen persecución, limitación a la libertad de expresión, obstaculicen, restrinjan e impidan el derecho en el ejercicio profesional y en la función del cargo que eventual o en forma permanente ocupen dentro del ámbito de alguno de los tres poderes del Estado”, señala el comunicado.
“Así mismo, en sintonía con el Convenio 190 de la OIT y la Recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, rechazamos toda forma de padecimiento de los y las trabajadoras en condiciones laborales precarias, inseguras, inciertas e impredecibles; expuestos a situaciones inestables e inseguras, lo que desestabiliza las opciones de planificar las vidas de los y las profesionales que trabajan en la litigación; que fortifican las divisiones por género e incrementan aún más su vulnerabilidad a las condiciones de trabajo precario”.
El comunicado continúa y dice: Pedimos que se respete el “statu quo” de los y las profesionales que se desempeñan litigando respetando su integridad psicológica y física, en concordancia con la normativa convencional y constitucional, en particular las que protegen a la mujer de una vida libre de violencia y discriminación (ley 26.485, CEDAW, Convención de Belem do Pará , etc.).
Instamos a las autoridades públicas a concretar las medidas pertinentes para garantizar la igualdad de oportunidad, estabilidad y democratización en el acceso al servicio de justicia.
El Estado en todas sus expresiones debe abogar por la vocación democrática y la defensa los derechos humanos fundamentales.
“Exigimos a las fuerzas de seguridad QUE ACTUEN EN CONSECUENCIA DE LAS SITUACIONES QUE SE DENUNCIAN y a los requerimientos de los/las profesionales, con perspectiva de género y en auxilio de las víctimas y las personas que los/las acompañan y asesoran. Solicitamos la urgente implementación del fuero de violencia ya que en Catamarca, los delitos por razones de género o violencias contra las mujeres, conforman el 40% del total de las denuncias penales de la provincia. Por lo tanto, dotar a la Justicia de una nueva herramienta es un elemento vital”, concluye.
