El sector de la medicina prepaga enfrenta una escalada de precios vertiginosa, con un aumento acumulado del 76% en el primer bimestre del año. La situación se agrava con un incremento del 40% en enero, que se reflejará en las cuotas a cobrarse en febrero, seguido por un adicional del 26% en febrero, a pagarse en marzo. Esto significa que aquellos que abonaban 100 mil pesos a finales del año anterior, deberán desembolsar 176 mil a principios de marzo, generando un impacto financiero insostenible para muchos.
El gobierno de Javier Milei liberó los precios de las prepagas, permitiendo estas fuertes subas que afectan gravemente a los pacientes. Esta tendencia, sumada a un incremento del 200% en el costo de los medicamentos, coloca la atención médica privada fuera del alcance de vastos sectores de la sociedad, especialmente para quienes luchan por mantenerse en la clase media.
La situación se vuelve aún más desesperante con la decisión de muchos médicos de seguir cobrando copagos, incluso de manera informal, lo que aumenta la carga financiera sobre los pacientes. Las clases medias, en su afán de evitar caer en la categoría de clase media baja, se ven obligadas a dar de baja la medicina privada y recurrir al sistema público de salud. Esta situación afecta particularmente a monotributistas y autónomos.
En este contexto crítico, la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un amparo presentado por una jubilada contra los aumentos en la cuota de su hospital de comunidad. La mujer argumentó que los ajustes le generaban dificultades para afrontar otras obligaciones, poniendo en peligro su capacidad para adquirir la medicación necesaria. La Justicia, sin embargo, rechazó el amparo, dejando en evidencia la compleja situación que enfrentan los pacientes frente a estos incrementos desmedidos en el sector de la salud privada.
