En el informe solicitado a Bullrich, el magistrado pidió que se indique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.
“A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, añadió la orden judicial.
Casanello también solicitó “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.
“Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarcó el texto.
Además, el magistrado solicitó al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
Los detalles de la decisión de Casanello
La decisión del juez es respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’”, dijo Fierro en un comunicado.
La legisladora calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.
