El escándalo por la posible utilización política del Potenciar Trabajo durante los últimos cuatro años va en aumento. Al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA cobraban esa prestación, un hecho incompatible. La cifra no es definitiva, aún falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca. Esos cuatro distritos ya fueron intimados por Guillermo Marijuan, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) que investiga irregularidades que se podrían tipificar como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.
Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó a tirar de la punta del ovillo en noviembre pasado y los datos no dejan de acumularse. La provincia de Tucumán registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.
La normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya dio de baja a 4.588 de esos beneficiarios y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden de Marijuan, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
