Los grupos parlamentarios Popular y Vox pedirán a través de sus propuestas de resolución en el marco del Debate sobre Política General de la Junta que continúa este jueves que las comunidades autónomas con sobrepoblación tengan una financiación diferente de los fondos de cohesión territorial. En concreto, los dos grupos parlamentarios que sustentan a la Junta de Castilla y León abogan por dirigirse al Gobierno de la nación para modificar los criterios de reparto de los fondos para el reto demográfico «de manera que las comunidades autónomas con sobrepoblación tengan otra fuente de financiación diferente de los fondos de cohesión territorial». Así consta en la propuesta de resolución número 18 que firman de forma conjunta PP y Vox y que es una de las 19 que dirigen de forma expresa los socios de gobierno al Ejecutivo central al que reclaman, por otro lado, que abone a la Junta las cantidades destinadas a indemnizaciones por daños producidos por lobos que no se repartieron en 2023 «pesar de su aprobación en Conferencia Sectorial y el compromiso de pago del secretario de Estado». Otra de las exigencias de PP y Vox al Gobierno central es la «ejecución inmediata» de todas las depuradoras ubicadas en Castilla y León que han sido declaradas de interés general del Estado en los años 2001, 2012, 2014 y 2018, «en especial las incluidas en expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Europea al Reino de España». Asimismo, los socios de gobierno se dirigen a la Junta para que continúe exigiendo al Gobierno la presentación en Castilla y León del Plan Director del Corredor Atlántico y que sean tenidas en cuenta las propuestas de todos los agentes implicados «para su desarrollo equilibrado en Castilla y León y en condiciones de igualdad con el Corredor del Mediterráneo». A esto añaden la petición al Gobierno de la «no supresión» de paradas en el mapa estatal de transporte por carretera y de que se abra un proceso de participación y colaboración con la Junta «con el fin de garantizar la prestación de un servicio de calidad para todos los ciudadanos». Finalmente, instan a la Junta a reclamar al Gobierno de España «un mayor compromiso» en la extensión de la banda ancha fija y móvil en todos los municipios de Castilla y León, por un lado, y que inicie las obras e infraestructuras hidraúlicas de regulación previstas en el Plan Hidrológico vigente, por otro.
