El juez federal Sebastián Ramos emitió una orden de captura internacional contra el presidente venezolano y su mano derecha.
El juez federal Sebastián Ramos emitió una orden de captura internacional contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello, y otros funcionarios del régimen chavista. El magistrado solicitó a Interpol recabar la información necesaria para activar las alertas rojas que permitirían su detención en el exterior y su eventual extradición a la Argentina.
El objetivo es que los funcionarios sean extraditados al país para ser indagados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Entre los delitos que se les imputan se encuentran desapariciones forzadas, torturas y homicidios ocurridos desde 2014.
La medida del juez Ramos responde a la instrucción de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Cámara Federal porteña, quienes actuaron a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe. La solicitud busca que Maduro y otros miembros de su gobierno enfrenten cargos en Argentina por los crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos.
La orden abarca a más de treinta miembros de las fuerzas de seguridad, inteligencia y ejército venezolano. Aunque los nombres específicos no han sido revelados, las autoridades argentinas se encuentran elaborando la lista completa.
La emisión de una alerta roja por parte de Interpol podría complicar los movimientos internacionales de Maduro y sus funcionarios, limitando sus viajes a países afines como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Bolivia o Irán, donde las posibilidades de detención son bajas.
Por su parte, el régimen venezolano reaccionó con duras críticas hacia el Gobierno de Javier Milei, vinculando la decisión judicial con el presidente argentino. En declaraciones recientes, Maduro calificó a Milei de sufrir “esquizofrenia sádica”, mientras que el fiscal venezolano, Tarek William Saab, lo tildó de “desequilibrado mental”.
El régimen de Maduro también ha relacionado esta decisión con la incautación del avión de Emtrasur Cargo por parte de Argentina en febrero pasado. Ese avión fue entregado a la justicia de Estados Unidos tras una solicitud de embargo. En represalia, el Gobierno venezolano habría solicitado la detención de Milei, su hermana Karina y la ministra Patricia Bullrich, aunque esta petición no ha sido confirmada por Interpol.
En un comunicado oficial, el Gobierno venezolano acusó a Milei de liderar una campaña de “Lawfare” y calificó la orden judicial como un “simulacro desfachatado”, en lo que consideran un intento de socavar la soberanía venezolana.
