En apenas 19 días, Alberto Fernández deberá dejar su departamento en Puerto Madero y presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para enfrentar acusaciones relacionadas con el escándalo de los seguros. Una situación que el ex presidente nunca imaginó, especialmente a poco más de diez meses de dejar el poder. En los últimos dos meses, su atención ha estado centrada en la denuncia de violencia por parte de su ex pareja, Fabiola Yañez, y en una causa por alimentos que ha tenido múltiples audiencias sin un acuerdo.
El juez Julián Ercolini, tras ocho meses de investigación, ha acusado a Fernández de supervisar una maniobra para designar brokers de seguros, con la ayuda de ex funcionarios de Nación Seguros. Según el juez, Fernández habría aprovechado su posición para retener la última decisión en caso de controversias, además de influir en situaciones donde las gestiones no eran efectivas.
La citación a indagatoria no solo involucra al ex presidente, sino que también revela que las irregularidades en la designación de brokers en ANSES se han replicado en más de 20 organismos estatales. En el caso de ANSES, se destacó que un ex funcionario, Federico D’Angelo Campos, envió una nota firmada de manera informal, eludiendo el sistema oficial de comunicación.
D’Angelo, quien dirigía el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y actualmente es concejal de Quilmes, fue denunciado por varios funcionarios en el inicio del escándalo. En junio, con la investigación avanzando, fue despedido de su cargo.
Las irregularidades se extendieron a diversas entidades públicas clave, incluyendo la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad. El juez Ercolini indicó que los responsables emitían cartas de designación fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónico, evidenciando un claro proceso irregular.
La lista de organismos afectados incluye Gendarmería, Corredores Viales, y varios ministerios, como el de Desarrollo Social y el de Turismo. En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la designación también se realizó por canales irregulares, y la nota enviada a Nación Seguros no fue hallada.
Ercolini destacó que una de las contrataciones más relevantes generó comisiones por más de 1.500 millones de pesos, y se revelaron chats que indican una gestión cercana entre brokers y altos funcionarios.
El fallo subraya que, en la mayoría de los casos, las decisiones se tomaban de manera arbitraria, beneficiando a ciertos intermediarios. Además, se ha llamado a declarar a 48 personas, incluyendo al empresario Héctor Martínez Sosa y varios ex funcionarios de Nación Seguros.
Se pone de manifiesto que la manipulación también abarcaba la elección de coaseguradoras, lo que permitió a Nación Seguros concentrar el poder de decisión sobre las asignaciones de contratos a empresas seleccionadas de manera arbitraria.
El escándalo se vio agravado por la conexión con una cooperativa que, al parecer, actuó como una fachada para desviar fondos, lo que llevó a la detección de movimientos sospechosos de dinero y posibles pagos ilegales. Los investigadores han encontrado pruebas de transferencias millonarias y conexiones con otros actores del sector.
Con esta situación en desarrollo, el entorno político y judicial observa de cerca cómo se desarrollarán las indagatorias y qué consecuencias tendrá para el ex presidente y otros implicados en esta trama de corrupción.
