El INECIP presenta la actualización del ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, con los datos correspondientes al año 2022. Se trata de una nueva edición de la microinvestigación iniciada en 2019 y continuada en 2021, que se actualiza todos los años.
Esta microinvestigación busca concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas.
Con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de “dirigir la investigación penal”, sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal. Estas nuevas funciones hacen que la producción de información se vuelva indispensable para la toma de decisiones por parte de las autoridades y para el control ciudadano.
Pese a eso, la mayoría de los Ministerios Públicos Fiscales del país no publican información básica sobre su desempeño. Y, en muchos casos, ni siquiera la producen, o sólo lo hacen cuando reciben algún pedido de acceso a la información pública.
De allí la decisión de presentar este ránking que busca ofrecer una tasa muy básica y elemental, que busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los MPF que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial? Esto incluye no solamente a las condenas, sino también a las suspensiones de juicio a prueba y a los acuerdos reparatorios. En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación. El indicador se construye en base a datos solicitados a todos los MPF del país a través de solicitudes de acceso a la información pública.
