La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo al voto negativo de Argentina en la ONU, donde el país se pronunció en contra de una resolución para eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Argentina fue el único país en tomar esta posición, lo que generó preocupación a nivel internacional.
La CIDH convocó al Estado argentino a su sede en Washington, D.C., para aclarar el retroceso en sus políticas de género y los incumplimientos en temas de derechos sexuales y reproductivos. La Comisión solicitó respuestas sobre cómo el país planea fortalecer la justicia en casos de violencia de género y qué programas de políticas públicas aún se mantienen en esta área.
El gobierno argentino evitó responder directamente a las preguntas, limitándose a reconocer que la falta de presupuesto ha sido un obstáculo y se comprometió a incluir una agenda de género en el próximo presupuesto nacional.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), expusieron en la audiencia la situación en Argentina, destacando un retroceso en los derechos de mujeres, niños, adolescentes y personas de la comunidad LGBTQI+.
