Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, modifica la Ley N° 25.938 con el objetivo de optimizar los recursos estatales en materia de seguridad.
Las Fuerzas de Seguridad podrán utilizar las armas secuestradas a bandas criminales
Las fuerzas de seguridad podrán emplear este armamento para reforzar sus capacidades operativas, evitando así nuevos gastos en la adquisición de armas. El artículo 5° de la Ley N° 25.938 fue modificado para que las armas decomisadas sean entregadas al Ministerio de Seguridad, dirigido por la ministra Patricia Bullrich, quien decidirá si las armas serán destruidas o reutilizadas por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el artículo 7°, las armas decomisadas podrán ser destruidas o utilizadas exclusivamente por las fuerzas policiales y de seguridad federales.
El Gobierno argumenta que esta medida contribuirá a la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, reforzando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad sin generar costos adicionales. Además, la modificación de la ley facilita el manejo logístico de las armas decomisadas y evita los gastos asociados a su almacenamiento. La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
El Decreto 103/2025 fue firmado por el presidente Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y otros miembros del gabinete, como Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de reformas que el Gobierno ha estado implementando en materia de seguridad. Por ejemplo, en diciembre de 2024, se autorizó el envío de militares para custodiar “objetivos estratégicos” ante amenazas de terrorismo o crimen organizado. Además, en marzo de 2024, se anunció la intención de enviar un proyecto de ley al Congreso para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones de seguridad interior, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.
Estas medidas reflejan la estrategia del Gobierno para abordar la seguridad nacional mediante la optimización de recursos y la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad y defensa.
