La presidenta del bloque de la UCR en la Legislatura de Catamarca, diputada Silvana Carrizo, presentó un proyecto de ley que propone derogar la base de cálculo de los aportes de OSEP fijada por los decretos del Poder Ejecutivo que modificaron el régimen de aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y establecieron una doble retención para los jubilados y pensionados.
Carrizo denunció que estas medidas fueron implementadas de forma arbitraria, sin participación legislativa, y que representan “una carga más que pesa sobre los sectores más vulnerables, sin debate democrático y con criterios que violan los principios de equidad y solidaridad”.
El proyecto busca restablecer como base mínima de cálculo para los aportes a la OSEP la remuneración real y efectiva de cada trabajador, en reemplazo del esquema actual que impone además un 80% del promedio ponderado de las remuneraciones mínimas de todos los escalafones y convenios del sector público provincial. Según la diputada, este mecanismo “rompe con los principios fundamentales del sistema de seguridad social, desvincula el aporte del salario real, de la capacidad contributiva del afiliado y dificulta el control ciudadano sobre los criterios aplicados para fijar y ponderar la remuneración mínima”.
Asimismo, la iniciativa plantea que cualquier futura modificación del régimen de aportes sólo pueda realizarse mediante una ley formal, impidiendo que el Poder Ejecutivo imponga cambios por decreto, como ocurrió durante el receso legislativo. “La reforma del sistema de una obra social no puede hacerse de espaldas a la Legislatura ni sin escuchar a los sectores afectados”, advirtió.
En cuanto al régimen de jubilados, el proyecto exige la eliminación del descuento aplicado sobre la asignación complementaria (82% móvil) que abona ANSES. “Ese suplemento no constituye un beneficio previsional propiamente dicho, por lo tanto no puede estar sujeto a retenciones provinciales. Es inaceptable que el Estado otorgue un beneficio por una norma y se lo quite por otra”, señaló Carrizo.
La legisladora también insta a que OSEP adecúe su reglamentación y su mecanismo de recaudación en un plazo de 30 días desde la promulgación de la ley, con el fin de corregir las distorsiones actuales y recuperar la transparencia del sistema.
Por último, Carrizo rechazó los argumentos técnicos esgrimidos por el oficialismo, que justifican los cambios en base a la brecha entre el Salario mínimo y la inflación. “Ese desfasaje puede corregirse con cláusulas de actualización razonables. Lo que no puede hacerse es imponer fórmulas sin transparencia, decididas por unos pocos y que nadie puede auditar”, concluyó.
“Este proyecto es un llamado a la sensatez y a la defensa de derechos adquiridos. Y si es necesario, recurriremos a la Justicia”, finalizó.
