El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) anunció que impulsará una acción judicial para solicitar la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto Acuerdo N.º 719/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó de manera unilateral la Ley N.º 5337, que regula la Defensoría del Pueblo.
El decreto, firmado el 30 de abril y enviado a la Legislatura según lo establece el artículo 184 de la Constitución Provincial, fue recibido oficialmente por la Cámara de Senadores e incluye la designación en comisión del exministro de Educación, Dalmacio Enrique Mera, como nuevo Defensor del Pueblo. Esta decisión fue duramente cuestionada por los bloques opositores.
Desde la UCR sostienen que la norma “modifica de forma unilateral e inconstitucional” el diseño institucional del organismo, y que altera “el mecanismo de designación, la duración del mandato, las competencias y la estructura funcional del organismo”.
En ese sentido, advierten que la reforma implica una intromisión directa del Ejecutivo en competencias del Poder Legislativo, vulnerando el principio de división de poderes. “El contenido del decreto representa un grave retroceso institucional, ya que coloca a un organismo de control que debe ser independiente bajo control directo del Ejecutivo, afectando su autonomía y debilitando las garantías democráticas de nuestra provincia”, denunciaron.
A su vez, señalaron que al 8 de mayo el decreto no ha sido publicado en el Boletín Oficial, por lo que no tiene vigencia legal, lo que constituye “una violación al principio esencial de publicidad de los actos de gobierno”.
Además, la UCR criticó el uso reiterado del artículo 184 de la Constitución durante el receso legislativo para avanzar con medidas que calificó como de “altísimo impacto institucional y social, sin debate, sin control democrático y sin participación ciudadana”, entre ellas la disolución del ENRE, cambios en el Tribunal de Cuentas y en la ex CAPRESCA, y el aumento de descuentos a trabajadores con menores ingresos en la OSEP, a los que calificaron de confiscatorios.
Finalmente, el bloque radical exhortó al Gobierno provincial a “respetar la Constitución y los principios republicanos”, y pidió que cualquier reforma institucional se debata en la Legislatura, “su ámbito natural”.
