La Casa Rosada se prepara para una semana intensa. Un grupo de gobernadores llegará con un mensaje claro y tres reclamos centrales: reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obras públicas paralizadas y el impacto de la caída en la coparticipación. La cita con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aún sin invitaciones formales cursadas, busca descomprimir tensiones acumuladas durante más de un año de ajuste libertario.
El pedido de reunión surgió tras el último encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los gobernadores coincidieron en la preocupación por la caída sostenida de la coparticipación, una fuente de ingresos clave para las provincias. El santacruceño Claudio Vidal fue quien se lo planteó directamente a Francos, y este accedió a recibir a un grupo reducido en el Salón de los Espejos de la Casa Rosada.
Hasta el cierre de esta edición, se preveía la presencia de Vidal, Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Axel Kicillof (Buenos Aires), aunque se espera una asistencia mayor y con diversidad ideológica. El Gobierno, por su parte, adelantó que irá a “escuchar”, sin una batería de respuestas concretas.
En el CFI, los mandatarios recibieron un informe alarmante: las transferencias automáticas a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires caerán un 4,2% en 2025, lo que representa una pérdida de casi 2,5 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del PBI. Este tipo de recursos representa, en promedio, el 45% de los ingresos provinciales. En casos como La Rioja, Formosa, Catamarca y San Luis, ese porcentaje supera el 79%. En el otro extremo, la CABA solo depende en un 18% de estas transferencias.
Las causas de esta baja son diversas. El informe de la Comisión Federal de Impuestos responsabiliza principalmente a decisiones de política tributaria tomadas por el Gobierno nacional: exclusiones impositivas, cambios en el cálculo de anticipos, postergaciones en la actualización del impuesto a los combustibles y reducciones fiscales para productos importados.
Además, los ingresos extraordinarios de 2024 (como el REIBP o aportes del sector financiero) no se repetirán, y la lenta reactivación del consumo afecta la recaudación del IVA, que cayó un 1,9% en abril ajustado por inflación, pese al repunte de la actividad.
A eso se suma el reclamo por los ATN, que hoy están virtualmente congelados. Y también, el parate de la obra pública: de las 2.337 obras bajo jurisdicción nacional que había al asumir La Libertad Avanza, solo 183 siguen en pie. De esas, 122 se reiniciaron, 61 están paralizadas y unas 1.600 fueron directamente dadas de baja. Buenos Aires denuncia que Nación sigue recaudando fondos específicos para esas obras sin ejecutarlas.
El ajuste libertario también impacta en otras áreas sensibles, como salud y financiamiento. El recorte en el Plan Sumar+ sobrecargó hospitales provinciales. Además, algunas provincias denuncian demoras en los permisos de endeudamiento, trabados presuntamente por la Secretaría de Hacienda.
Desde Nación se defienden: aseguran que las provincias llegaron a 2024 con margen fiscal y que muchas aún sostienen superávit. “Que ajusten ellas también”, deslizan en los pasillos de la Rosada.
El encuentro se da en un contexto político particular: ya comenzó el calendario electoral que culminará con las elecciones generales del 26 de octubre. Con 24 realidades provinciales diferentes, algunos mandatarios –como Frigerio y Valdés– mantienen puentes con el oficialismo, mientras otros –como Cornejo– endurecieron posiciones. En Buenos Aires, la disputa se agita por la posible candidatura de Cristina Kirchner.
Aunque en el oficialismo lo niegan, el trasfondo político está latente. Por ahora, el Gobierno busca sostener apoyos clave en el Congreso para avanzar con las reformas que prevé para la segunda mitad del mandato. La semana pasada, varios gobernadores facilitaron la aprobación de leyes impulsadas por la oposición dialoguista.
“La deuda de ellos está atada a la nuestra. Aunque no les demos lo que quieren, les conviene votarnos”, sostienen desde La Libertad Avanza, dando cuenta del juego de presiones cruzadas que atraviesa esta cumbre.
Para los gobernadores, el mensaje es claro: no quieren ir a “pasear” a la Casa Rosada. Reclaman definiciones. Pero el Gobierno no parece dispuesto a dar grandes concesiones. La tensión seguirá, aunque por ahora se disimule con sonrisas en los pasillos del poder.
