El fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento, Augusto Barros, presentó una formal acusación contra el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Leandro Costilla, por mal desempeño de sus funciones, en el marco de una serie de causas vinculadas al denominado caso “Wika”, que involucra al financista Edgar Adhemar Bacchiani.
Según el escrito presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, Barros sostiene que Costilla incurrió en un “quebrantamiento estructural” de sus deberes funcionales, favoreciendo presuntamente a Bacchiani y a su entorno, mientras impulsaba de forma arbitraria causas penales contra el denunciante, Bernardo Guillou.
Entre los hechos más graves que enumera la acusación, se encuentran:
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Omisión de investigar: Barros señaló que Guillou denunció maniobras de vaciamiento patrimonial y transferencias fraudulentas de inmuebles por parte de Bacchiani. Sin embargo, el fiscal Costilla archivó la causa sin ordenar pruebas clave ni remitirla a la justicia federal, a pesar de que los delitos denunciados —como falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta— podían estar vinculados al lavado de activos.
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Persecución contra el denunciante: Mientras desestimaba la denuncia contra Bacchiani, Costilla promovía causas por usurpación contra Guillou, basándose en denuncias no ratificadas y sin pruebas mínimas. Uno de los casos se refería al inmueble conocido como “Wika”, y el pedido de desalojo fue rechazado por el juez de garantías por falta de fundamentos.
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Habilitación irregular de terceros: La acusación también incluye la actuación del abogado Alejandro Segli como querellante en una causa, pese a no estar legalmente legitimado. Barros sostiene que Costilla permitió su intervención de forma irregular, lo que podría haber causado un perjuicio procesal grave.
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Falta de comunicación y colaboración institucional: El fiscal acusado tampoco habría informado a la Procuración General ni a la justicia federal sobre el avance de causas de alta sensibilidad institucional, ni respondió a los pedidos de cooperación realizados desde el fuero federal.
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Falta de objetividad e imparcialidad: Finalmente, Barros destaca que el comportamiento de Costilla revela una “doble vara” en su accionar, favoreciendo a Bacchiani mientras deslegitimaba y hostigaba al denunciante, afectando principios éticos básicos del Ministerio Público.
Uno de los aspectos más contundentes del escrito acusatorio apunta a la posible relación personal entre Costilla y Bacchiani, lo que —de comprobarse— agrava aún más la situación del fiscal. En ese sentido, Barros afirma:
“En este caso, la afectación institucional es directa, profunda y sostenida. El fiscal no solo omitió investigar, sino que utilizó su poder para perseguir con parcialidad a quien puso en conocimiento del Ministerio Público hechos de altísima relevancia penal y patrimonial. A ello se suma el posible vínculo personal con el imputado Bacchiani, que —de confirmarse— refuerza aún más la necesidad de remoción por pérdida de imparcialidad objetiva”.
El escrito solicita la apertura formal del juicio de remoción contra Costilla, por considerar que su permanencia en el cargo “erosiona la credibilidad del sistema de justicia” y podría haber comprometido derechos fundamentales y el interés público. La acusación será evaluada por el Tribunal de Enjuiciamiento, que deberá decidir si da curso al proceso y eventualmente si separa al fiscal de su cargo.
