La tensión entre Estados Unidos y Argentina volvió a encenderse, esta vez con la industria farmacéutica como epicentro de una disputa que amenaza con tener efectos económicos profundos. En el centro de la escena se encuentra el canciller Gerardo Werthein, que debe equilibrar las presiones comerciales del gobierno de Donald Trump con los intereses de una industria nacional poderosa y estratégica, pero también controvertida.
Desde Washington, la amenaza es clara: aranceles del 200% a las importaciones de medicamentos si las farmacéuticas extranjeras no trasladan su producción a territorio estadounidense en un plazo de 12 a 18 meses. La medida se enmarca en la renovada estrategia de “America First” impulsada por Trump, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente de China e India.
En ese contexto, Argentina recibió un arancel base del 10%, el más bajo entre los países afectados. Sin embargo, la situación no es menos delicada. La industria farmacéutica local ha sido señalada históricamente por operar bajo el esquema conocido como “cut-copy”, una práctica que consiste en copiar fórmulas de medicamentos patentados sin abonar regalías. Este modelo, surgido tras las resoluciones de 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner —que limitaron fuertemente el patentamiento de medicamentos—, permitió a los laboratorios nacionales crecer sin precedentes.
Según informes oficiales, este sistema permite que los laboratorios argentinos controlen más del 50% del mercado interno y facturen más de 7.488 millones de pesos anuales. Entre los principales actores se destacan Roemmers, Elea, Gador, Bagó y Casasco, nombres que dominan el panorama farmacéutico nacional. Desde el sector sostienen que sus procesos cuentan con investigación propia y el aval de autoridades competentes, rechazando el término “piratería” que a veces se les adjudica.
Paradójicamente, en 2024 Estados Unidos había adoptado una postura más flexible. Por primera vez en 12 años, el Informe Especial 301 elaborado por la USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.) no incluyó críticas directas a las políticas argentinas sobre patentes farmacéuticas. Pero ese breve alivio fue revertido este año: el nuevo informe 2025 no solo reinstaló las observaciones previas, sino que endureció el tono y sumó reclamos sobre las trabas que enfrentan las empresas para registrar nuevos medicamentos en el país.
De concretarse los aranceles anunciados por Trump, los efectos podrían ser demoledores. Las barreras para exportar productos farmacéuticos al mercado estadounidense —uno de los más importantes del mundo— serían prácticamente insalvables para los laboratorios argentinos.
Mientras tanto, la Cancillería argentina evalúa sus próximos pasos. Aunque no se han confirmado decisiones oficiales, en el sector privado crecen las versiones sobre posibles ajustes a la política de patentes, como parte de una negociación más amplia con Washington para evitar sanciones comerciales más severas.
