El Gobierno nacional confirmó este viernes que iniciará el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la mayor empresa del país en servicios de agua potable y saneamiento. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Según detalló el funcionario, el proceso se llevará adelante mediante un esquema mixto que combinará una licitación pública —nacional e internacional— con una oferta pública inicial (OPI) en los mercados financieros. El objetivo es transferir el 90% del capital accionario de la empresa a manos privadas, mientras que el Estado conservará el 10% restante como forma de fiscalización y representación institucional.
Adorni explicó que “se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado”, y remarcó que se respetará el programa de propiedad participada para los trabajadores. Esto significa que los empleados de AySA podrán seguir siendo accionistas dentro del 10% del capital que quedará en manos estatales.
Desde su reestatización en 2006, AySA ha estado bajo control estatal y actualmente presta servicios a más de 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, el vocero presidencial justificó la privatización señalando que la empresa recibió más de 13.400 millones de dólares en aportes del Tesoro Nacional hasta 2023. “Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña”, acusó.
La decisión de avanzar en la privatización de AySA forma parte del plan del presidente Javier Milei de reducir el tamaño del Estado y promover la participación privada en sectores considerados no esenciales.
El modelo diseñado busca garantizar transparencia, competencia y una pluralidad de oferentes en el proceso, permitiendo que tanto un operador estratégico como inversores bursátiles participen del nuevo esquema de control. Así, el Ejecutivo da un nuevo paso en su plan de reformas estructurales que apuntan a una redefinición del rol del Estado en la economía argentina.
