Una porción significativa del presupuesto nacional se desvía año tras año hacia estructuras del Estado que operan sin mecanismos efectivos de control. Según investigaciones recientes, más de $140.000 millones se canalizan a servicios como inteligencia, fondos reservados y fideicomisos fuera del alcance de la auditoría pública, en un sistema que favorece la opacidad.
El caso más emblemático es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que durante el último ejercicio ejecutó más de $168.000 millones sin rendición formal. Gran parte de ese gasto se registra como “devengado”, lo que significa que figura como ejecutado en el Presupuesto Abierto aunque no exista una comprobación concreta del destino real del dinero.
Este fenómeno no es exclusivo del gobierno central. Al menos el 70% de las provincias argentinas mantiene partidas presupuestarias sin rendición de cuentas ante los tribunales de control locales. En once distritos, aún se sostienen formalmente “gastos reservados”, mientras que en otros diez existen fondos con controles laxos o indirectos.
También hay fideicomisos estatales —como el Fondo Estabilizador del Trigo o el Programa de Inversiones Estratégicas de ANSES— que no figuran en el Presupuesto Nacional ni están sujetos al sistema de control público habitual. A pesar de manejar recursos multimillonarios, su ejecución se produce por fuera del circuito institucional tradicional.
Lo más llamativo es que este tipo de estructuras presupuestarias no sólo no sufren recortes, sino que reciben aumentos. En contraste, áreas esenciales como salud, desarrollo social, ciencia y tecnología, y obra pública vieron reducciones reales que en algunos casos superan el 50%.
