Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, encabezados por el mendocino Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina. La iniciativa busca reconocer el derecho de pacientes con enfermedades graves o padecimientos crónicos irreversibles a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo condiciones estrictas y supervisadas.
El proyecto incorpora principios de autonomía, consentimiento informado y revocabilidad, siguiendo los lineamientos de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna. También propone la creación de comisiones médicas en cada jurisdicción, garantiza la cobertura total en sistemas público y privado y establece sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.
La propuesta retoma aportes del expediente presentado anteriormente por la exdiputada Jimena Latorre y combina criterios médicos con estándares éticos para asegurar que la eutanasia sea una práctica excepcional, regulada y con procedimientos claros. Se mencionan como referencias las normativas de Uruguay, España y Canadá, países que cuentan con marcos legales consolidados.
El texto legislativo prevé instancias de evaluación clínica, dictámenes interdisciplinarios y requisitos documentados que aseguren que la decisión del paciente sea libre, informada y sostenida en el tiempo. Estos mecanismos buscan brindar previsibilidad tanto a profesionales de la salud como a las familias involucradas.
Uno de los puntos centrales es la modificación del Código Penal mediante los artículos 83 bis y 83 ter, que excluyen de responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme al procedimiento establecido y penalizan a quienes impidan el acceso sin justificación. Los impulsores remarcan que el objetivo no es promover la muerte, sino garantizar un final de vida acompañado, controlado y digno.
El proyecto también destaca experiencias internacionales y busca adaptar esos estándares al sistema de salud argentino, proponiendo comisiones especializadas en cada provincia para validar los casos. Los legisladores sostienen que la regulación responde a un debate social de larga data y que la iniciativa ofrece un camino claro para situaciones de sufrimiento irreversible, evitando vacíos normativos y protegiendo los derechos individuales.
Con información de MDZ
