El caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde hace un año en Venezuela, volvió a quedar en debate internacional luego de que Argentina denunciara su situación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Carlos Foradori, representante del Gobierno argentino ante organismos internacionales en Ginebra, alertó el lunes que la falta de una respuesta concreta frente a lo ocurrido con Gallo equivale a avalar violaciones graves a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
En su exposición, el diplomático sostuvo que la información acumulada sobre la situación venezolana es contundente y no admite ambigüedades. Afirmó que desde hace más de una década se registran prácticas sistemáticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política, y subrayó que esos patrones se reflejan hoy en un caso concreto: el de Nahuel Gallo.
Foradori detalló que el gendarme argentino permanece privado de su libertad desde hace más de un año, sin orden judicial conocida, incomunicado y sin acceso a asistencia consular ni a una defensa independiente.
Según denunció, las autoridades venezolanas lo acusaron de atentar contra la seguridad del Estado en circunstancias que consideró absurdas, ya que al momento de su detención ni siquiera había ingresado formalmente al país.
El representante argentino también advirtió que el Consejo de Derechos Humanos no puede mantenerse al margen. Señaló que la neutralidad o la espera pasiva solo favorecen la impunidad y constituyen una falta grave hacia quienes defienden la libertad y el respeto por el derecho internacional.
En la misma línea, la activista venezolana Elisa Trotta afirmó que Gallo permanece sin contacto con su familia ni abogados desde hace 365 días y expresó su convicción de que el caso no quedará impune.
La detención de Gallo ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó desde Colombia por un paso fronterizo terrestre con el objetivo, según indicaron el Gobierno argentino y su familia, de reencontrarse con su pareja y su hijo. Sin embargo, el régimen venezolano aseguró en su momento que el gendarme integraba un grupo de supuestos “mercenarios” extranjeros involucrados en planes para atentar contra la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, y llegó a señalar una presunta responsabilidad del Ejecutivo de Javier Milei.
A un año del hecho, el gobierno de Argentina calificó oficialmente el caso como una “desaparición forzada” y una violación flagrante del derecho internacional. El reclamo fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y distintos foros multilaterales, con pedidos de medidas urgentes para lograr su liberación.
Desde el entorno familiar, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, reiteró que el gendarme fue detenido únicamente por su nacionalidad y reclamó una reacción más amplia de la sociedad argentina.
