La salida del ahora ex titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, deja al descubierto una problemática que el senador nacional Guillermo Andrada advierte desde el año pasado: la manipulación de datos difundidos por el organismo para que coincidan con el relato que intenta imponer el Poder Ejecutivo Nacional.
La decisión del Gobierno nacional de mantener la fórmula actual para calcular la inflación, sin modificar las ponderaciones como estaba previsto instrumentar a partir de enero, fue el desencadenante de la dimisión del mencionado ex funcionario.
Atento a esta problemática, el senador legislador nacional presentó en septiembre de 2025 un Proyecto de Ley (1571/25) para que el Indec deba actualizar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada diez años, a fin de reflejar de manera precisa y oportuna los cambios en los patrones de consumo de los hogares argentinos, asegurando la representatividad nacional y regional de los datos relevados.
De acuerdo con la iniciativa, este reajuste de la canasta de bienes y servicios y de las ponderaciones se fundamenta en la necesidad de adecuar la medición de la inflación y el costo de vida a los cambios cada vez más acelerados en los hábitos de consumo de la población argentina.
Asimismo, el Bloque Convicción Federal que integra Andrada junto con Fernando Rejal, Carolina Moisés, Fernando Salino y Sandra Mendoza advirtió esta situación en el mismo mes del año pasado cuando presentaron un Proyecto de Declaración (1534/25) expresando su preocupación por declaraciones públicas de Lavagna en las que, bajo argumentaciones técnicas, buscaba justificar por qué se posponía la implementación de la nueva metodología de medición, afectando el acceso de la población a la información real de indicadores económicos actualizados, todo ello bajo una serie de especulaciones de naturaleza política que intentaban encubrir el conocimiento de la real situación de la economía nacional.
Por ejemplo, uno de los aspectos en discusión en el organismo nacional a cargo de realizar y difundir las mediciones es el costo de los servicios, cuya incidencia en la fórmula actual se encuentra desactualizada y con la nueva ponderación se pretendía que sea consecuente con su impacto en la economía real de las familias argentinas y de las empresas.
En consecuencia, la decisión política del PEN de continuar las mediciones del IPC y demás indicadores bajo parámetros desactualizados que no reflejan la realidad, afecta no solo la credibilidad de una Argentina que busca dar señales a los mercados y atraer inversiones; sino también, el derecho de la población al acceso a información pública fidedigna.
