El senador nacional Guillermo Andrada, acompañado por sus pares del bloque Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentó un proyecto de Comunicación que solicita al Poder Ejecutivo Nacional un informe y evaluación detallada sobre la evolución del endeudamiento de los hogares vinculado a créditos de consumo otorgados mediante plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito.
La iniciativa, que solicita todas estas precisiones al Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los organismos competentes, surge en un contexto de incremento sostenido del endeudamiento familiar y un deterioro en la capacidad de pago, explicó el legislador.
Datos que alertan
Según datos oficiales del BCRA correspondientes a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7 por ciento, mientras que la mora de las familias llegó al 11,5 por ciento, ubicándose significativamente por encima de la mora empresaria.
A su vez, informes de la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) señalan que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país, y para unas 2,3 millones de ellas estas plataformas representan su único canal formal de acceso al financiamiento.
Sin embargo, este crecimiento muestra un fuerte impacto en la morosidad: la mora operativa de las carteras fintech alcanzó niveles cercanos al 22,7 por ciento, mientras que la mora total se ubicó en torno al 30,5 por ciento hacia comienzos de 2026.
Endeudarse para el día a día
Andrada advirtió que “en numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales, como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres, o para cancelar obligaciones previas”, y aclaró que “esto genera ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.
A través de este proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo que precise si dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos; qué información posee sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas; y qué medidas regulatorias, de supervisión y de protección al consumidor se encuentran vigentes o en evaluación para promover prácticas de crédito responsable y prevenir el sobreendeudamiento de personas humanas.
