Ayer, mientras en la Casa Rosada Diego Santilli asumía como jefe de Gabinete y Adrián Ravier daba su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, la soberanía energética recibía un nuevo golpe. Con una simple notificación a través del sistema de gestión estatal, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) le avisaron a un centenar de trabajadores que habían sido despedidos. Los gremios estiman que podrían llegar a 170 en total porque ese es el número de empleados que tienen contrato hasta el 30 de junio. No se trata de una decisión aislada, al contrario, es la continuidad del desmantelamiento que sufre ese organismo clave del sector nuclear argentino que, en los tres años que Javier Milei lleva en el gobierno, redujo un 45,4 por ciento su presupuesto, destruyó la inversión en bienes de capital y perdió alrededor de 500 trabajadores, entre despidos y migración hacia el sector privado por los bajos salarios. El titular del organismo, Martin Porro, tuvo que salir de la sede central escoltado por la Gendarmería, que reprimió en los pasillos del edificio a quienes hacían un permanencia pacífica.
En silencio, escudado detrás del ruido que genera la causa por corrupción del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno de La Libertad Avanza dio un paso más en la destrucción del sistema científico argentino y de la soberanía energética. Despidió a decenas de trabajadores de la CNEA, un organismo que no solo investiga y diseña reactores nucleares, sino que también tiene tiene una papel importantísimo para la salud, con investigaciones sobre medicina nuclear: produce los radioisótopos que se usan en mercado nacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. “Tenemos un reactor de investigación, la mayoría de los proyectos que hacemos dentro del centro técnico Bariloche van destinados a tratamientos oncológicos”, explicó Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de ATE, a Página/12.
Las y los trabajadores se enteraron a través de una notificación del sistema GDE en la que decía que el contrato que finalizaba el 30 de junio no sería renovado. Es decir, se enteraron el miércoles 30 de junio que el jueves 1 de julio ya no podrían ingresar a trabajar. Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado, los afectados llegan a 100, pero se estima que el número puede ascender a 170, que es la cantidad de personas que estaban bajo esa modalidad de contratación. Hay profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad.
La represión de la Gendarmería
Durante la tarde, hubo movilizaciones en el Centro Atómico de Bariloche y la Asociación de Trabajadores del Estado hizo una permanencia en la sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con la Gendarmería reprimiendo en los pasillos y haciendo una cadena humana para sacar del lugar al titular de la CNEA, Martín Porro, que se negó a dar explicaciones. Porro asumió en diciembre del año pasado tras la llegada de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, que a su vez fue uno de los beneficiarios de los jugosos préstamos que el Banco Nación reservó para los funcionarios libertarios. Ramos Nápoli, un abogado de solo 31 años, consiguió un préstamo de 197 millones de pesos.
