La diputada Alicia Paz se refirió a la media sanción obtenida por el proyecto que impulsa la adhesión de Catamarca a la denominada Ley Johana, una normativa nacional que establece un abordaje integral para mujeres y personas gestantes que atraviesan una muerte gestacional o perinatal. Además, expresó su preocupación por la continuidad del cobro del plus médico en la provincia.
Paz explicó que la iniciativa busca que todos los centros de salud cuenten con equipos interdisciplinarios capacitados de manera permanente para brindar contención psicológica y acompañamiento tanto a la persona gestante como a su familia.
“La ley viene a cubrir un vacío que existió durante mucho tiempo. Estas pérdidas eran invisibilizadas y eso provocaba aún más dolor a quienes atravesaban una situación tan difícil”, sostuvo.
La legisladora señaló que la norma garantiza espacios adecuados para el duelo, el respeto por las creencias de cada familia y un trato basado en la dignidad y la empatía.
Asimismo, remarcó que uno de los aspectos centrales de la ley es la prevención de la violencia obstétrica. Recordó el caso de Johana, cuyo nombre lleva la legislación, quien cursaba la semana 33 de embarazo cuando le informaron que su bebé había fallecido y, según relató, fue sometida a un procedimiento que incrementó su sufrimiento.
“Muchas veces existe una profunda deshumanización hacia la mujer en estas situaciones. La ley busca que haya profesionales preparados para brindar una atención respetuosa y acorde al momento que atraviesan las familias”, afirmó.
Reclamo por el plus médico
Consultada sobre la situación del sistema de salud provincial, Paz manifestó su preocupación por la persistencia del cobro del plus médico y consideró que deben implementarse medidas para garantizar el acceso a la atención sin costos adicionales.
“La única manera de combatir el plus es denunciarlo, pero también el Estado debe arbitrar medidas para que el sistema funcione correctamente y las personas puedan atenderse sin tener que pagar un monto extra”, indicó.
La diputada señaló que muchos pacientes llegan a una consulta con la orden de la obra social y, al momento de ser atendidos, deben afrontar pagos adicionales que rondan los 10 mil pesos o más, dependiendo de la especialidad.
“Después de pagar la consulta todavía tienen que comprar los medicamentos. Antes la gente preguntaba cuál era el remedio más importante porque solo podía comprar uno; hoy muchas personas directamente ya no pueden acceder ni siquiera a la consulta médica”, concluyó.
