El Concejo Deliberante de Pomán aprobó una resolución mediante la cual intimó al intendente Francisco Gordillo y al tesorero municipal, Maciel Quinteros, a transferir en un plazo de 72 horas los fondos que, según sostiene el cuerpo legislativo, corresponden al funcionamiento institucional y al pago de haberes del personal.
La medida advierte que, de no regularizarse la situación, las autoridades del Concejo avanzarán con una denuncia penal por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
Reclamo por fondos adeudados
De acuerdo con la resolución impulsada por los concejales, el Ejecutivo municipal mantiene retenidos desde enero de 2026 los recursos destinados a la denominada Caja Chica del Concejo, establecida por la Ordenanza N° 17/2025 en dos millones de pesos mensuales para garantizar el funcionamiento del cuerpo.
Los ediles sostienen que la falta de esos recursos ha dificultado el desarrollo de las actividades legislativas, afectando incluso la provisión de insumos básicos y el pago de salarios del personal.
Cuestionamientos al manejo presupuestario
En el documento, los concejales rechazan el argumento de una presunta falta de recursos y afirman que el presupuesto vigente contempla las partidas necesarias para el funcionamiento del Concejo.
Según señalaron, la reconducción del Presupuesto 2026 prevé un crédito de $634,8 millones para el Poder Legislativo municipal, incluyendo financiamiento para una planta permanente de hasta 21 empleados. Indicaron además que actualmente el Concejo cuenta con 16 trabajadores, por lo que consideran que existen fondos suficientes para afrontar los salarios.
Críticas al Ejecutivo
Los concejales también cuestionaron la administración de los recursos por parte del Ejecutivo municipal al sostener que, mientras se restringen las partidas destinadas al Concejo, el municipio incorporó más de 20 personas a la planta permanente del Ejecutivo durante el año.
A criterio del cuerpo legislativo, esta situación constituye un trato desigual hacia otro poder del Estado municipal y vulnera el principio de división de poderes.
Posible denuncia penal
La resolución establece que, si el Ejecutivo no cumple con la intimación dentro del plazo fijado, la Presidencia del Concejo quedará facultada para presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Catamarca y remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas y a la Dirección de Asuntos Municipales para que evalúen eventuales responsabilidades administrativas y patrimoniales.
Hasta el momento, el Ejecutivo municipal no se pronunció públicamente sobre las acusaciones formuladas por el Concejo Deliberante.
