El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó apartarse de la investigación contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, por presunto desvío de fondos y emisión de facturas falsas. Además, ordenó avanzar con las medidas de prueba que todavía estaban pendientes.
Uno de los puntos centrales de la investigación es una propiedad de lujo ubicada en el partido bonaerense de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, donde también fue encontrada una flota de vehículos de alta gama.
Durante la investigación cobró relevancia una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, titular de Real Central SRL y propietario registral del inmueble. Según los investigadores, Pantano y su socia, Ana Conte, no tendrían un perfil patrimonial compatible con la compra de la mansión y los automóviles, por lo que habrían actuado como testaferros de Toviggino.
Las pesquisas también determinaron que la tarjeta era utilizada para pagar gastos relacionados con los vehículos de lujo encontrados en la propiedad.
En su fallo, Amarante rechazó el pedido del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien buscaba que la causa fuera trasladada a su fuero debido a la mudanza de la sede social de la AFA.
El magistrado señaló que la institución continuó desarrollando su actividad principal en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, calificó como una “mera formalidad y ficción jurídica” el intento de trasladar el expediente a Pilar.
Además, sostuvo que darle prioridad al domicilio de Pilar implicaría desconocer la “total desvinculación” de las maniobras investigadas con la jurisdicción de Campana. La disputa sobre qué tribunal debe intervenir quedó ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico.
La causa relacionada con el predio de Pilar ya pasó por cuatro tribunales distintos y tiene prevista una audiencia en la Cámara Federal de Casación para el próximo 12 de agosto.
