La plaza del Congreso. El Obelisco y la avenida 9 de Julio. La avenida de Mayo. Dioagonal Norte y Diagonal Sur. Las casi cien manzanas del microcentro porteño que hay en la cuadrícula que forman Riobamba/Combate de los Pozos, la avenida Belgrano, Piedras/Esmeralda y avenida Corrientes. Toda esa zona está saturada de cámaras de vigilancia. Un sistema interconectado que le permite a los gobiernos nacional y porteño tener un ojo en cada espacio donde se suceden periódicamente protestas.
Un relevamiento de Amnistía Internacional muestra que la red de videovigilancia instalada en las inmediaciones del Congreso cubre de manera prácticamente total el principal escenario de los reclamos contra el Gobierno. El hallazgo forma parte del informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino”, que la organización presentó esta semana.
“Hay prácticas tecnoautoritarias en la Argentina”, resumió Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, durante la conferencia a la que accedió elDiarioAR, donde también se presentaron otros hallazgos sobre cómo la administración de Milei reforzó la videovigilancia y el control de datos, junto con un gasto de al menos US$1,2 millones en tecnologías en inteligencia de fuentes abiertas y reconocimiento facial orientado a delitos federales.
El Gran Hermano porteño
El informe muestra que la Plaza del Congreso queda “total y desproporcionadamente cubierta” por el alcance de las cámaras. La cobertura también se extiende por las calles adyacentes que funcionan como vías de salida para quienes se manifiestan, y de forma más marcada hacia el este, donde alcanza la avenida 9 de Julio.
La expansión de esa infraestructura tuvo un correlato presupuestario: entre 2024 y 2025 la Ciudad gastó cerca de US$48 millones en la expansión de su sistema de videovigilancia, incluida la compra de una licencia de reconocimiento facial de Clearview AI, cuestionada en distintas ciudades del mundo.
Según el relevamiento de compras públicas de la plataforma BA Compras que hizo Amnistía, la Ciudad adjudicó por licitación pública al menos seis contratos vinculados a la vigilancia entre mayo de 2025 y diciembre de 2025: US$27,07 millones para la adquisición de puntos de captura de video y el hardware y software para su procesamiento y almacenamiento; US$14,18 millones para el servicio de conectividad de esos dispositivos; US$4,99 millones para el análisis de imágenes y la gestión de alertas; US$828.916 dólares para la adquisición de software de reconocimiento facial de Clearview AI “entre otros productos”; US$810.956 dólares para el mantenimiento y la energización de los puntos de captura; y US$93.804 dólares para un servicio de información de antecedentes crediticios de la empresa Nosis.
Ese último tramo de compras se montó sobre un proceso que había arrancado en octubre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad porteño aprobó la instalación de 150 cámaras por US$2,34 millones de dólares. En diciembre de ese año sumó 400 unidades más por US$4,68 millones, y en mayo de 2025 incorporó un tercer tramo hasta completar 850 puntos de captura. Según informó el propio Gobierno porteño, el sistema de videovigilancia alcanzó en julio de 2025 una cobertura del 82% de la Ciudad, con un total de 3.400 cámaras, mientras que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había supervisado meses antes la instalación de 1.200 cámaras adicionales “para ampliar la vigilancia urbana”.
Amnistía remarca que el Gobierno porteño no publicó información oficial sobre las características técnicas de las cámaras instaladas entre 2019 y 2023, y que recién a partir de 2024 los pliegos de licitación permiten conocer sus especificaciones: los domos PTZ, por ejemplo, tienen zoom óptico de al menos 20 aumentos, giro de 360 grados y captura día y noche en color.
Sobre el reconocimiento facial en particular, el informe describe una situación ambigua. La Ciudad adquirió en noviembre de 2025 una licencia de Clearview AI, la misma empresa cuestionada a nivel global por construir su base de datos con fotografías extraídas de internet sin consentimiento, y que también provee software para el resto de las cámaras instaladas en la Ciudad desde 2018. Sin embargo, ante una consulta de Amnistía, el Gobierno porteño respondió en marzo de este año que esa herramienta “no se encuentra actualmente en uso por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni la Policía de la Ciudad, en virtud de las disposiciones judiciales vigentes que ordenaron la suspensión de la utilización de sistemas de reconocimiento facial”, en referencia a los fallos que en los últimos años frenaron el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos porteño.
El informe agrega que ambas jurisdicciones —la Nación y la Ciudad— construyeron capacidades complementarias: mientras el Gobierno invirtió en inteligencia de fuentes abiertas y reconocimiento facial orientado a delitos federales, en el ámbito porteño se priorizó ampliar la cobertura espacial de sus cámaras. A esa infraestructura fija se suman los drones: la Ciudad incorporó cuatro unidades en 2022 para reforzar el trabajo de su Escuadrón de Drones, entre ellos un DJI Matrice 200 que, según la propia Policía de la Ciudad, cuenta con un sistema de “autotrack” que permite marcar a una persona o a un vehículo y obtener datos sobre su recorrido.
Para Amnistía, la combinación de ambos niveles configura “un entramado más denso y extendido” de vigilancia sobre la Ciudad, con un impacto que la organización asocia al efecto inhibidor sobre la protesta y la libertad de reunión documentado en el resto del informe. El mapa surgió de un hackathon en octubre de 2025 en el que participantes recorrieron a pie un radio de ocho cuadras alrededor del Congreso en busca de cámaras instaladas en edificios y otros elementos de infraestructura pública, como postes de alumbrado o semáforos, y volcaron cada hallazgo en un listado de coordenadas.
