La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno al Congreso el 17 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 para una primera jornada informativa.
La iniciativa había sido anunciada por Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, dedicada a la cuestión Malvinas. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen de sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El cronograma que maneja el oficialismo prevé que las comisiones avancen con el dictamen el martes 6 de octubre. Pretenden que el proyecto pueda llegar al recinto el miércoles 7, en una sesión que también incluiría iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento.
Un régimen más amplio de sanciones
El proyecto extiende el alcance de la legislación vigente, que estaba concentrada en las actividades hidrocarburíferas. La nueva propuesta abarca el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin habilitación argentina y contempla sanciones administrativas para las personas y empresas involucradas.
Entre las multas previstas se encuentran montos equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. El régimen también contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años.
Las consecuencias previstas para quienes resulten sancionados incluyen además la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales, la revocación de habilitaciones y la prohibición de contratar con organismos estatales.
El proyecto incorpora también nuevos delitos y eleva las penas para distintas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos. Para algunas de las conductas previstas, las escalas penales llegan hasta los 20 años de prisión. También establece multas calculadas en barriles de petróleo y sanciona a quienes suministren bienes o servicios considerados esenciales para la realización de esas actividades.
Otra de las herramientas incorporadas es la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.
Modifica el sistema de seguridad nacional
El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
El organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas. El texto también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.
Además, la iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional, entre ellos figuras vinculadas con la influencia extranjera, el espionaje, la interferencia electoral y determinadas campañas coordinadas de desinformación.
