A través de un comunicado, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca se refirió a la situación de una docente que se encuentra bajo investigación de la Justicia provincial por presuntos hechos vinculados con la falsificación y uso de instrumento público y una presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.
El comunicado completo:
“Dadas las afirmaciones mediáticas de una docente investigada por la Justicia provincial en vista de presuntos hechos de falsificación y uso de instrumento público, y defraudación en perjuicio de la administración pública, el Ministerio de Educación y Trabajo informa que en el caso se limitó a responder un oficio de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación.
En el mismo se solicita conocer si la docente citada, entre otras personas investigadas, incorporó a su legajo o invocó como antecedente el título correspondiente al Instituto Superior “Clara J. Armstrong”, respecto del cual se detectaron presuntas inconsistencias en la documentación académica respaldatoria.
Es importante aclarar que el Ministerio de Educación y Trabajo ha iniciado la investigación presumarial DISPC-2026-180-E-CAT-DPSD#MET, según las previsiones establecidas en el Decreto 413/00, en su artículo 28, a fin de investigar la presunta presentación de un título apócrifo por parte de la agente.
En este sentido es clave subrayar que una Investigación Presumarial constituye una instancia preliminar de carácter administrativo, prevista por el Reglamento de Sumarios para el Personal Docente de la Provincia de Catamarca. Su finalidad es reunir antecedentes, verificar los hechos denunciados o puestos en conocimiento de la autoridad, recabar los elementos de prueba pertinentes y determinar, sobre la base de las actuaciones producidas, si corresponde o no la adopción de medidas posteriores.
Por lo tanto, la sola disposición de una Investigación Presumarial no implica la existencia de una imputación, inconducta administrativa o sanción ni determina, por sí misma, la responsabilidad administrativa de la docente involucrada. Por ende, al contrario de las declaraciones públicas de la docente, no implica movilidad alguna de sus funciones ni cese de percepción de sus haberes, razón por la cual la agente debe seguir prestando servicios hasta que concluyan las investigaciones de rigor.”
