El esquema fija compensaciones que varían según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. Quedan fuera del régimen los organismos descentralizados, las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
El plan está dirigido a los trabajadores de planta permanente alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes tengan un contrato por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a los contratados transitorios ni al personal vinculado mediante contratos del artículo 9 de la Ley Marco. Además, solo comprende a las jurisdicciones de la administración centralizada, lo que deja afuera a organismos como la ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
Tres grupos, tres esquemas de pago
El decreto divide a los potenciales beneficiarios en tres grupos. El primero reúne a las mujeres desde los 58 años y a los hombres desde los 63 que no tengan los aportes suficientes para jubilarse. En este caso, podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
El segundo grupo incluye a las mujeres de entre 58 y 64 años y a los hombres de 63 y 64 que tengan al menos 30 años de aportes. Ellos recibirán un sueldo por cada año de antigüedad, con los topes que fija el decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
El tercer grupo abarca a las mujeres de hasta 57 años y a los hombres de hasta 62. En este caso, cobrarán un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco sueldos, según tengan menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
Requisitos y restricciones
Para acceder al retiro, los empleados no deberán tener procesos penales pendientes por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La restricción alcanza también a quienes estén sometidos a sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal.
Además, quienes tengan demandas judiciales o reclamos administrativos contra el Estado vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse. Tampoco podrán sumarse los agentes que estén en situación de disponibilidad, quienes tengan una renuncia pendiente de aceptación ni quienes atraviesen el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
La adhesión al régimen implica el fin de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes se acojan al plan no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años.
Por otra parte, las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar las solicitudes si consideran que la baja afecta la prestación de los servicios. Para resolver, tendrán un plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción y, si no hay una aceptación expresa en ese lapso, el pedido se considerará rechazado.
La medida se suma al plan que la ANSES abrió en septiembre: la segunda etapa de su programa de Retiros de Voluntad Recíproca, destinado a trabajadores de planta permanente que ingresaron antes del 1 de enero de 2024. Esa convocatoria cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
