El abogado Pedro Vélez sostuvo que el pedido de desafuero no debió dictarse mientras permanece pendiente un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia. También cuestionó el vencimiento de los plazos legales y aseguró que no habría elementos probatorios suficientes para avanzar con la medida.
La defensa del diputado provincial Javier Galán presentó un planteo de nulidad y un recurso de apelación contra la resolución judicial que solicita su desafuero. Así lo confirmó el abogado Pedro Vélez, quien ejerce la representación del legislador junto al doctor Berber.
En diálogo con Catamarca es Noticia, Vélez explicó que uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con la vigencia del artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca, cuya constitucionalidad se encuentra actualmente en discusión.
Según detalló, existe un recurso extraordinario federal presentado ante la Corte de Justicia el pasado 29 de octubre que todavía no fue resuelto. Para la defensa, esa presentación tiene efecto suspensivo y, por lo tanto, impedía que se dictara el pedido de desafuero.
“Consideramos que no pudo, no debía haberse dictado el pedido de desafuero”, sostuvo el letrado. En ese sentido, indicó que solicitaron la nulidad del auto interlocutorio para que el propio juez revise la decisión.
Además, la defensa presentó un recurso de apelación en el que no solo cuestiona la posibilidad legal de avanzar con el desafuero mientras existe un recurso pendiente, sino también la valoración de las pruebas incorporadas a la causa.
Al respecto, Vélez afirmó que, desde su perspectiva, no existen elementos probatorios suficientes para justificar la medida y que la resolución judicial no se condice con las constancias del expediente.
La discusión por los plazos de investigación
Otro de los puntos centrales del planteo defensivo está relacionado con el plazo de dos meses que establece el artículo 20 para llevar adelante el procedimiento de desafuero.
El abogado recordó que la defensa anterior ya había cuestionado el vencimiento de ese plazo ante el juzgado de Garantías. Según relató, el magistrado reconoció que el término se había cumplido, aunque entendió que las medidas probatorias realizadas durante ese período justificaban la continuidad de las actuaciones.
Posteriormente, el planteo llegó a la Cámara, que también consideró vencido el plazo, pero declaró de oficio la inconstitucionalidad de la disposición para este caso particular, al tratarse de una investigación vinculada a un presunto hecho de violencia de género.
Esa decisión fue cuestionada mediante un recurso de casación. Sin embargo, según explicó Vélez, la Corte consideró que no correspondía concederlo, por lo que la defensa presentó un recurso extraordinario el 29 de octubre, que aún se encuentra pendiente de resolución.
Sobre este punto, el abogado sostuvo que el plazo previsto por la ley no es meramente formal, sino que busca evitar que un procedimiento institucional de estas características se prolongue indefinidamente.
También cuestionó que se haya recurrido al argumento de la violencia de género para declarar la inconstitucionalidad del plazo. “Los convenios internacionales le exigen a la Justicia celeridad. Por el contrario, deberían haberse extremado los recaudos para que esa investigación se hubiera hecho en los dos meses”, argumentó.
El pedido todavía no habría llegado a Diputados
Consultado sobre si la resolución judicial ya fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento, Vélez indicó que, hasta el momento, la defensa no tiene conocimiento de que haya llegado.
En esa línea, consideró que primero deben resolverse los planteos presentados por la defensa, especialmente el pedido de nulidad y la apelación.
Finalmente, señaló que también ofrecieron documentación para acreditar la existencia del recurso extraordinario pendiente ante la Corte de Justicia. Entre las medidas solicitadas, mencionó que el juez libre un oficio al máximo tribunal provincial para constatar que la presentación continúa sin resolución.
De esta manera, la situación procesal de Javier Galán continúa atravesada por una discusión sobre la validez del procedimiento, los plazos legales y la suficiencia de las pruebas que sustentan el pedido de desafuero.
