La protesta de la familia de Guillermo Ortega continúa frente a la delegación municipal de Lavalle, en el departamento Santa Rosa. Sus familiares permanecen encadenados a la espera de una respuesta del intendente Mario Páez, a quien responsabilizan por la situación laboral y personal que atraviesa el trabajador.
En una nueva manifestación pública, Norma Ortega, hermana del empleado municipal, expresó su indignación por la falta de respuestas de las autoridades y aseguró que no abandonarán el reclamo hasta conseguir que su hermano recupere su trabajo, sus ingresos y pueda continuar con su tratamiento de salud.
“Esto ya es una burla para nosotros, una falta de respeto. Sigo sosteniendo que hay un total abandono de persona. No nos vamos a cansar, mi hermano tiene derechos y se los vamos a hacer cumplir”, manifestó.
La mujer volvió a advertir sobre el delicado estado de salud de Guillermo y señaló que atraviesa un cuadro de depresión, por el cual recibe tratamiento psiquiátrico y medicación, situación que, según afirmó, se encuentra respaldada por certificados médicos.
En ese contexto, Norma dirigió un mensaje al intendente Mario Páez y le exigió que se presente personalmente para mantener una reunión con la familia. Incluso propuso que el encuentro se realice en una dependencia policial, si el jefe comunal no se siente seguro de acercarse a la delegación.
“Nosotros lo único que queremos es hablar con usted. Que venga para acá. Si no quiere llegar a la delegación, lléguese a la Policía, nosotros nos acercamos”, sostuvo.
Sin embargo, el reclamo tomó un tono aún más preocupante cuando la mujer estableció un ultimátum hasta las 12 del mediodía y realizó una grave amenaza, al exhibir combustible y un encendedor. Durante su intervención, advirtió que podría prender fuego y responsabilizó al intendente por lo que pudiera suceder.
“Vamos a luchar hasta nuestro último suspiro por mi hermano. Si es necesario dar la vida para que recupere todo lo que perdió, su trabajo, su sueldo y especialmente su salud, lo voy a hacer”, expresó.
El conflicto se originó a partir de la denuncia familiar por el despido de Guillermo Ortega, quien llevaba 16 años como empleado municipal de planta permanente. Según lo expuesto por su hermana, el trabajador atravesaba problemas de salud mental y sus inasistencias estaban justificadas mediante certificados médicos.
La familia también denunció que el empleado no habría percibido sus haberes, pese a que en el recibo correspondiente a septiembre figuraba el sueldo completo. Ante esta situación, recurrieron a una abogada que presentó un amparo judicial para reclamar por la situación laboral y salarial.
Además, los familiares sostienen que el trabajador tiene hijos menores de edad a cargo y que necesita sus ingresos para afrontar tanto los gastos familiares como los vinculados con su tratamiento médico.
Mientras continúa la protesta en Lavalle, la familia insiste en obtener una respuesta directa del intendente y reclama una solución que permita restituir los derechos laborales del empleado.
