El Gobierno deberá esperar para avanzar con uno de los aspectos menos conocidos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum, en medio de nuevos reproches del entorno de Santiago Caputo contra Martín Menem, y con ella quedó postergado el tratamiento de una disposición que despierta especial interés en los despachos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
No se trata ni de Malvinas, ni de la explotación petrolera británica. Mucho menos de las amenazas de injerencia extranjera que el oficialismo invoca para justificar el proyecto. Entre sus 154 artículos, la iniciativa esconde una disposición que apunta directamente al corazón de la reforma de los servicios de inteligencia que impulsa el asesor presidencial, amo y señor de los espías en la era libertaria: convertir en ley el nuevo estatuto de los agentes y blindar así las reglas con las que el Gobierno pretende reorganizar la SIDE.
La maniobra legislativa llega en un momento especialmente sensible para el organismo. Después de meses de movimientos internos, desplazamientos y cambios en su conducción, la SIDE acaba de poner en marcha una convocatoria pública para incorporar nuevos agentes, mientras avanza con un proceso de reducción de personal y cierre de delegaciones provinciales. El nuevo estatuto, aprobado por Javier Milei mediante un decreto firmado en septiembre, es una pieza central de esa transformación. Ahora, el Gobierno busca darle una protección jurídica que trascienda su propia gestión.
El mecanismo elegido es tan sencillo como efectivo. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional incorpora una disposición que establece: “Adóptase el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado”. Detrás de esa frase se encuentra un anexo de 32 páginas del Decreto 1021/2026, que regula desde el ingreso y la carrera profesional de los agentes hasta sus remuneraciones, sanciones y condiciones de permanencia.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, ese régimen dejará de depender exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo. Un futuro presidente ya no podrá reemplazarlo simplemente mediante otro decreto: necesitará una nueva ley. El dato no es menor para un organismo que históricamente estuvo sometido a los vaivenes de la política y a las decisiones de los gobiernos de turno.
Desde su llegada al poder, Milei modificó en varias oportunidades la estructura de los servicios de inteligencia, restituyó la denominación SIDE y reorganizó sus dependencias. Buena parte de esos cambios respondieron a la ambición política de Caputo: el asesor convirtió al organismo en una de sus principales áreas de influencia dentro del Gobierno. La incorporación del estatuto a una ley aparece ahora como un intento de consolidar esa arquitectura institucional.
Purga y reclutamiento
La reforma, sin embargo, no se limita a una cuestión normativa. A comienzos de noviembre, la SIDE abrió por primera vez una convocatoria pública de gran escala para reclutar nuevos agentes a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). La iniciativa recibió más de 40.000 postulaciones en apenas 24 horas y constituye el primer paso de un sistema de selección que pretende reemplazar los mecanismos tradicionales de incorporación de personal. El nuevo régimen entrará formalmente en vigencia el 1° de enero de 2027, aunque su implementación ya comenzó a tomar forma con el proceso de inscripción y la reorganización interna.
Detrás de la convocatoria, presentada oficialmente como un esfuerzo para profesionalizar los servicios de inteligencia, se desarrolla otra transformación menos publicitada. La conducción de la SIDE, encabezada por Cristian Auguadra, avanza con un plan de reducción de su planta de personal y cierre de delegaciones en distintas provincias. El objetivo es conformar una estructura más pequeña, con menos despliegue territorial y un perfil orientado principalmente al análisis de información. En los hechos, supone también un recambio de buena parte de los agentes que integraron el organismo durante las administraciones anteriores.
La convivencia entre ambos procesos alimentó el malestar dentro de la estructura. En distintos sectores de la SIDE interpretan que la reforma, más allá del discurso de profesionalización, abre la puerta a una renovación de los cuadros internos bajo los criterios de la actual conducción. “Quieren poner a los de ellos”, resumió un exagente consultado por elDiarioAR al describir el clima que atraviesa al organismo. La frase sintetiza una desconfianza que persiste incluso entre quienes reconocen la necesidad de modernizar los servicios de inteligencia.
Las reglas de la nueva SIDE
El estatuto que el Gobierno pretende convertir en ley establece un nuevo régimen de derechos, obligaciones y prohibiciones para los agentes, pero también concentra importantes facultades en manos de la máxima autoridad del organismo. Será el secretario de Inteligencia quien determine mediante normas complementarias distintos aspectos de la carrera profesional, incluidos los componentes salariales, los mecanismos de promoción y el régimen disciplinario.
El texto clasifica las faltas en leves, graves y gravísimas, pero deja su definición específica para reglamentaciones internas. Las sanciones pueden llegar a la cesantía o la exoneración, mientras que los sumarios administrativos quedan bajo la órbita de la Inspectoría General de Inteligencia, una dependencia que forma parte de la propia SIDE y que está a cargo del contador Diego Valdiviezo. El esquema reserva así a la conducción del organismo un margen considerable para definir las condiciones de permanencia y expulsión de sus integrantes.
El nuevo régimen también habilita la incorporación de militares y policías retirados, permite contratar personal externo para proyectos especiales y establece restricciones particulares para los agentes, que deberán solicitar autorización para viajar al exterior y comunicar determinados desplazamientos dentro del país.
Otro de los puntos más sensibles es el tratamiento del personal que ya integra la SIDE. El estatuto deja en manos de la propia conducción los criterios para establecer la transición hacia el nuevo régimen, incluidas cuestiones vinculadas con la antigüedad, las categorías y los ascensos pendientes. En un contexto de reducción de la planta, esa atribución adquiere una dimensión política que excede la mera administración de recursos humanos.
Lo cierto es que su incoporación a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pasó relativamente inadvertida durante el tratamiento parlamentario. La Libertad Avanza había conseguido avanzar con el dictamen gracias al acompañamiento del PRO, la UCR y otros bloques aliados, pero esos acuerdos por el momento no alcanzaron. El oficialismo deberá ahora volver a negociar una fecha para llevar el proyecto al recinto, donde persisten diferencias en torno a las modificaciones del Código Penal.
A comienzos de año, en el entorno de Santiago Caputo habían deslizado que el Gobierno enviaría al Congreso una nueva Ley de Inteligencia para darle un marco legal a la profunda transformación del sistema que Milei había puesto en marcha mediante el DNU de enero. Sin embargo, aquella promesa nunca se concretó y la Casa Rosada optó por una vía bastante más discreta. La falta de quórum de este miércoles obligó a postergar también ese camino. Por ahora, el intento de convertir en ley casi de contrabando una parte central de la SIDE que diseñó el asesor presidencial deberá seguir esperando.
PL/CRM








