El Gobierno ha anunciado la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, con el propósito de agilizar la discusión y aprobación de la controversial ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Este anuncio llega en un momento clave, con el oficialismo de la Cámara de Diputados intensificando contactos informales con legisladores catalogados como dialoguistas para ultimar detalles del proyecto.
El objetivo claro del Gobierno es emitir dictamen del proyecto entre el lunes y martes de la próxima semana y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT. Para cumplir con estos plazos, la prórroga de las sesiones extraordinarias se extiende desde el 1 hasta el 15 de febrero, conforme a las reglas del reglamento de Diputados que exige la firma de dictámenes 10 días antes del final del período.
Esta ampliación del periodo extraordinario también proporciona margen al Senado, que podría emitir un posible dictamen el 31 de enero y tratar la ley en el recinto el 7 o el 14 de febrero, según un borrador circulante en los despachos.
En lo que respecta a las negociaciones en Diputados, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal han avanzado en consensos, destacándose la posibilidad de modificar aspectos clave relacionados con la movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas. El acuerdo propone acotar la emergencia pública a un año, con una prórroga adicional de un año otorgada previamente por el Parlamento.
Otro punto relevante es la eliminación del artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo. Sin embargo, persisten diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la conformación de dicha comisión.
El consenso alcanzado busca limitar el plazo de vigencia de la emergencia a cuatro años, con la posibilidad de una prórroga adicional por el Poder Ejecutivo. Se establece en 0% las retenciones para las economías regionales, se limita o elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación y se excluyen de la privatización empresas como YPF, el Banco Nación y Arsat.
En el ámbito de la producción, se anticipa un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel, y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. Además, se revierte la derogación de la Ley de Azúcar.
