El ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló este viernes que se están evaluando “dos o tres alternativas” para determinar los aumentos en los ingresos de los jubilados, un tema central en el debate a raíz del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, recientemente enviado al Congreso.
Durante una entrevista en el canal Todo Noticias (TN), Francos indicó que “dejar la fórmula como está sería una” de las alternativas bajo consideración, mientras que las otras podrían estar relacionadas con “generar la actualización por algún índice”, como por ejemplo, el índice de inflación.
El funcionario detalló que la propuesta del Gobierno en el proyecto de ley “Bases” busca otorgar “la facultad al Ejecutivo para que fije las jubilaciones hasta tanto se encuentre una fórmula” definitiva.
“No hay un acuerdo en el Congreso, entendemos, para delegar esa facultad del Ejecutivo; por lo tanto, estamos viendo dos o tres alternativas diferentes para tratar el tema”, admitió Francos.
En relación a la visión de justicia en el sistema jubilatorio, el ministro expresó que lo justo sería garantizar “un ingreso que le permita vivir dignamente” a los jubilados. Sin embargo, destacó la distorsión en el sistema causada por personas que se jubilan sin haber aportado al sistema, convirtiéndose en una carga para el Tesoro y no financiando con aportes de los activos.
En otro contexto, el Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con la oposición, cediendo en reformas clave que legisladores no estaban dispuestos a aprobar. A pesar de la afirmación del presidente Javier Milei de no estar abierto a negociar, el Ejecutivo ha optado por ajustar aspectos fundamentales contenidos en la Ley Ómnibus.
Entre las modificaciones destacadas se encuentran la reducción de 2 a 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, limitando las áreas de emergencias declaradas, y la consideración de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria vinculada al índice de inflación, o la retirada de dicho artículo para debatirlo posteriormente en una norma separada.
Además, se contempla la exclusión de YPF de la lista de empresas públicas sujetas a privatización, la eliminación de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales y el descarte de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.
