En un nuevo desarrollo judicial, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha emitido una medida cautelar que suspende la derogación de la Ley de Tierras a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La resolución responde a un planteo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que denunció la “inconstitucionalidad y nulidad” del mencionado DNU impulsado por el presidente Javier Milei.
La Ley de Tierras (26.737) establece restricciones a la venta de campos a extranjeros, limitando la posesión de tierras que contienen fuentes de agua importantes o que se encuentran en zonas estratégicas de fronteras. Específicamente, la normativa establece que solo el 15% de las tierras rurales totales de Argentina pueden estar en manos de extranjeros. La derogación de esta ley abriría la posibilidad de negociaciones sin límites, quedando a la voluntad de compradores y vendedores. Este porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
El CECIM, en su presentación, destacó que la derogación de la ley liberaría el mercado de tierras, permitiendo la extranjerización de las mismas y generando dinámicas latifundistas que podrían comprometer los principios de integridad territorial y soberanía nacional. Se subrayó la importancia de preservar tanto la disponibilidad del suelo argentino como los cursos de aguas dulces.
El centro de ex combatientes argumentó que el DNU representa una clara intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones del Poder Legislativo, contradiciendo la voluntad de los legisladores al sancionar la ley. Solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del DNU y cualquier normativa asociada hasta que se resuelva el fondo del asunto.
En respuesta, el Gobierno sostuvo que las cuestiones relacionadas con el DNU son de índole política y no judiciables. Argumentaron que el tema está en plena discusión en el Congreso de la Nación y que aquellos que presentaron la denuncia no tienen legitimidad para hacerlo.
