En una medida significativa, la Secretaría de Comercio, liderada por el economista Pablo Lavigne, derogó aproximadamente 60 resoluciones y disposiciones destinadas a aplicar regímenes de control de precios, abastecimiento y requerimientos de información. La decisión se tomó en concordancia con las nuevas políticas públicas delineadas para reordenar la economía, según lo expresado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de diciembre de 2023 y el proyecto de ley “BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS”.
La Resolución 51/2024 de la Secretaría señala que, dada la reciente transición de autoridades en la Administración Pública Nacional y las nuevas políticas implementadas para una reestructuración integral de la economía, es necesario llevar a cabo una revisión completa de la normativa reglamentaria y complementaria en el ámbito de la Secretaría de Comercio.
Estas normas, vinculadas a leyes como la de Metrología, Abastecimiento, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor, Tarjetas de Crédito, Ley de Libros, Regulación de la Medicina Prepaga, Observatorio de Precios, Conciliación, Ley de Talles, Ley de Góndolas y el Decreto de Lealtad Comercial, se centraban en regular el comercio interior y fueron consideradas como obstáculos para la libertad de mercados.
A pesar de la derogación, fuentes oficiales aclararon que esto no implica la abolición completa de leyes, ya que se trata de normativas del Ejecutivo, sino más bien la eliminación de regímenes de comercio interior que, según se argumenta, condicionaban al sector privado.
La Resolución destaca que la ley “BASES” hace referencia a la necesidad de profundizar la libertad de mercados, fomentando la interacción espontánea entre oferta y demanda para ordenar y reactivar la economía. La medida busca facilitar el funcionamiento de los mercados, promoviendo la desregulación y simplificación regulatoria.
En este contexto, se subraya la reconsideración de las funciones del Estado en diversos sectores de la sociedad, buscando una intervención más eficiente y concentrada en áreas esenciales. Se argumenta que algunas resoluciones y disposiciones, al alejarse de los objetivos genuinos de la Secretaría, han desviado su enfoque de velar por la transparencia y la libre competencia de los mercados, así como la prevención y represión de conductas ilícitas en el comercio interior.
La medida busca alinear las políticas de regulación del mercado interno con una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos, eliminando trabas y obstáculos al comercio que generaban incrementos en los costos de transacción y, por ende, el encarecimiento de bienes y servicios para los consumidores.
