El Gobierno nacional decidió excluir a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol como querellante en causas judiciales por corrupción y lavado de activos. La medida fue formalizada mediante el decreto 274/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y establece un cambio significativo en la intervención del organismo en procesos penales relacionados con delitos financieros.
Según la nueva normativa, la UIF ya no podrá participar como parte actuante en estos expedientes. En su lugar, el organismo asumirá un rol más técnico y estratégico, con facultades ampliadas para el análisis de información financiera y el intercambio de datos con otras entidades.
“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento”, indica el decreto. Además, la norma aclara que si la persona investigada repara los daños y no incurre en nuevas infracciones dentro del plazo estipulado, la acción penal podrá extinguirse.
El decreto también autoriza a la UIF a intercambiar información con organismos nacionales e internacionales siempre que el contenido sea relevante para casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
Por otro lado, se redefine el alcance de la ley de inteligencia en relación a las funciones de la Agencia Federal de Ciberseguridad, otorgándole nuevas competencias en el marco de esta reforma.
