En la actualidad, más de 9,5 millones de hogares argentinos reciben subsidios en sus facturas de electricidad, lo que representa casi seis de cada diez usuarios residenciales. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema que podría excluir a unos 3,2 millones de hogares de clase media, como parte de un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto público.
El sistema actual agrupa a los usuarios en tres niveles: los de ingresos altos (Nivel 1), que pagan tarifa plena; los de ingresos bajos (Nivel 2), que acceden a una mayor asistencia; y los de ingresos medios (Nivel 3), con subsidios parciales. Del total de 16.375.270 usuarios de electricidad en todo el país, el 60% aún recibe algún tipo de ayuda económica.
La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, trabaja en un nuevo modelo que eliminará la segmentación por niveles y focalizará los subsidios exclusivamente en hogares vulnerables. Esta transformación, incluida en el acuerdo con el FMI, buscará transparentar el sistema y reducir la carga fiscal. No obstante, desde el propio Gobierno reconocen que la falta de información formal y los cruces de datos complejos dificultan la precisión en la asignación de los beneficios.
En paralelo, el gasto estatal en subsidios energéticos cayó de forma notable: en 2023 totalizó USD 6.252 millones (1% del PBI), y se estima que en 2025 descenderá a USD 4.433 millones, apenas el 0,7% del producto. Sólo en el primer trimestre del año, el monto destinado fue de USD 370 millones, un 44% menos que en el mismo período de 2024.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad en el AMBA aumentaron un 264% y las de gas un 622% para los hogares sin subsidios, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Estos aumentos son parte de un proceso que busca reducir el peso del Estado en el financiamiento del sistema energético.
El Gobierno también impulsa una reforma del mercado mayorista de electricidad que estará lista para noviembre de 2025. A través de la Resolución 21/2025, se autorizó a las empresas a firmar contratos sin la intervención de CAMMESA, la compañía estatal que, desde hace dos décadas, administra la compra y venta de energía. El objetivo es restaurar un sistema de libre contratación, como en los años noventa, donde los subsidios sean canalizados directamente en las facturas de los usuarios.
Finalmente, la Secretaría de Energía está concluyendo la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este proceso definirá un esquema de aumentos en tres tramos, junto con metas de inversión y exigencias de mejora en la calidad del servicio, especialmente para las empresas del AMBA como Edenor y Edesur.
