El ex presidente pidió la producción de pruebas que fueron ofrecidas hace más de seis meses y que aún no se concretaron. Defendió la legalidad del decreto que lo vincula a la causa y rechazó cualquier maniobra ilícita.
En el marco de la causa conocida como “Seguros”, el ex presidente Alberto Fernández amplió este jueves su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, tras haberse incorporado nuevas pruebas al expediente que –según su defensa– no lo comprometen en modo alguno.
Fernández ya había declarado el 27 de noviembre de 2024, cuando la causa se encontraba bajo la subrogancia del juez Julián Ercolini, magistrado que fue recusado por el ex mandatario por considerar que existía un temor fundado de parcialidad. La Corte Suprema aún no resolvió sobre esa recusación.
“Quiero reafirmar con argumentos y datos objetivos mi absoluta ajenidad con el hecho investigado”, expresó Fernández ante Casanello. Esta vez, a diferencia de la primera audiencia, el ex mandatario decidió responder preguntas tanto del juez como del fiscal del caso.
La causa investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante la gestión presidencial de Fernández, a partir de la firma del Decreto 823/2021, que según la imputación habría favorecido a intermediarios del sector privado. Sin embargo, el ex jefe de Estado sostuvo que el decreto tuvo como objetivo “disminuir la intervención de terceros para proteger el patrimonio estatal” y que fue analizado por la Secretaría Legal y Técnica antes de su firma.
“No hubo ninguna intención de beneficiar a empresas o personas vinculadas al rubro de seguros. El decreto siguió la misma lógica de normativas anteriores que buscaban canalizar contrataciones a través de empresas estatales”, indicó.
Además, rechazó que su relación personal con el bróker Héctor Martínez Sosa –esposo de una ex secretaria suya y figura señalada en la causa– implique alguna irregularidad. Aclaró que su vínculo con él fue de carácter profesional previo a su gestión y que nunca intercedió para favorecerlo en ninguna contratación estatal.
El expresidente también se refirió a un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que fue incorporado recientemente a la causa. Según explicó, el dictamen no muestra irregularidades en su patrimonio ni vínculo con las empresas imputadas como intermediarias. “Los medios de comunicación han dado una connotación arbitraria a ese informe, pero allí no hay nada sospechoso ni anómalo respecto a mi situación”, subrayó.
En su presentación, Fernández volvió a solicitar al juez que se habilite la producción de pruebas ofrecidas desde noviembre pasado, entre ellas las declaraciones testimoniales de Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Miguel Pesce y Adriana Guida, ex funcionarios con roles clave durante su gobierno. Algunas de esas declaraciones ya habían sido requeridas también por el fiscal Gerardo Pollicita.
El ex mandatario insistió en que la imputación en su contra “no es clara, precisa ni circunstanciada” y solicitó que se le dicte el sobreseimiento. De manera subsidiaria, pidió que se dicte la falta de mérito, y en caso de que se rechacen sus planteos, formuló las reservas para recurrir a instancias superiores.
“Espero una resolución de la justicia que sea verdaderamente independiente y ajena a presiones externas”, concluyó Fernández.
